En Venezuela, lamentablemente, hoy en día cualquier persona puede usar y adquirir un uniforme de casi cualquier organismo de seguridad del Estado. Esto ha facilitado la comisión de delitos para aquellos, que haciéndose pasar por funcionarios, cometen robos de diversas maneras, como por ejemplo, montando falsas alcabalas.
Esto ha sido reconocido por los organismos de seguridad venezolanos, los cuales en múltiples ocasiones han informado sobre las detenciones de personas que han perpetrado delitos amparados en un uniforme de policía, guardia nacional o hasta Cicpc, algunos incluso portando credenciales falsas.
Foto: @angelzamb11
Ante esta situación, El Informador Venezuela recorrió algunas fábricas de uniformes de organismos de seguridad, cuyos gerentes revelaron que estas piezas son de “libre venta al público”.
Se conoció que en Barquisimeto hay más de cien comercios de este tipo. Unos dedicados exclusivamente a los organismos policiales, y otros a los militares, incluyendo la GNB, Ejército y Aviación.
Basta con ingresar a los grupos de compra y venta en las redes sociales, incluyendo MarketPlace, para encontrar numerosas ofertas de esta prendas, sin un control que garantice que cada cliente es, efectivamente un funcionario.
Los comerciantes entrevistados dijeron que ninguna instancia gubernamental les exige pedir algún tipo de acreditación o documento que avale al comprador como integrante de un organismo de seguridad; como tampoco algún sistema de control sobre la venta de cada prenda.
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“La mayoría de los compradores son los mismos funcionarios, otros dicen ser familiares que quieren regalarles el uniforme o una pieza a los que ya se van a graduar, y sin ningún tipo de problema se les vende”, explicó uno de los vendedores.
Resaltó que los años de experiencia en este negocio le ha permitido reconocer un cliente sospechoso, mientras que otro de los entrevistados coincidió al expresar que “algunos solo llegan y preguntan, y se les nota el nerviosismo, lo cual nos alerta”.
En tales casos, aseguraron ambos, toman sus previsiones. “Disimuladamente comenzamos a preguntar, y en muchas ocasiones se van” concordaron los propietarios, quienes por razones obvias pidieron resguardar sus identidades.
Policía asegura no tener el control de las prendas oficiales
El director de la Policía del estado Lara, Comandante General Luis Peña Quevedo, reconoce que hoy en día «cualquier persona puede llegar al sitio y comprar una gorra, comprar de repente un uniforme y nosotros, muchas veces, no tenemos el control de saber quién”.
Pero aclaró que cuando realizan una detención y algunos de los involucrados tienen en su poder una prenda militar, se notifica a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), para que determine la procedencia del mismo. En muchos casos, descubren que fueron robados.
La credencial no es un método de control
Los gerentes de las tiendas aclararon que pedir credenciales no es el método más adecuada de controlar las ventas de estos uniformes, debido a que muchos de los funcionarios que ya están activos carecen de estos documentos de identificación, debido a que el Estado no se los ha entregado.
“Muchos de los policías se gradúan y tienen que esperar varios meses para recibir sus credenciales. Lo mismo pasa con los que la extravían: se quedan esperando los operativos para recibir nuevamente su credencial”. Agregaron que la situación es grave debido a que el carnet tiene incorporado un chip único para cada funcionario. Se conoció que esto lo implementaron cada uno de los organismos de seguridad venezolanos.
Aunque indicaron que las complicaciones para obtener los carnets también han conllevado a que muchos uniformados opten por fotocopiarlos y portar dicha copia, lo que puede generar desconfianza entre los civiles que al solicitarle a los policías comprobar su identidad, muestren un papel a color.
“El Estado no los dota”
Aunque no precisaron el año exacto desde que las prendas son de libre venta, consideran que esto ocurre porque el Estado no surte con uniformes a los funcionarios, por lo que cada uno de ellos se ve obligado a comprar sus prendas.
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Recordaron que hace mucho tiempo, los comercios autorizados vendían uniformes, botas, parches y todo lo necesario, directamente a organismos como alcaldías y gobernaciones, los cuales se encargaban de dotar a todo el personal. “No como ahorita, que cuando reparten, le dan a unos poquitos (funcionarios)” expresaron.
Además, señalaron que algunas promociones -por no decir, solo las primeras- recibieron uniformes que tenían incorporados un serial único por persona, a modo de controlar la prenda asignada, de manera que si se extraviaba o fuese robada, a través de este código podían ubicar al funcionario e iniciar las investigaciones pertinentes.
El parche es lo que vale
Los vendedores señalaron que aunque un uniforme es representativo de un organismo de seguridad, consideran que “los parches son los que tienen más valor. Además es lo que te permite identificar a alguna persona como integrante de un organismo”.
Estos son los pequeños trozos de tela bordados donde se observa el apellido, el rango y hasta el logo de la institución, que cada tienda lo vende por separado y por un costo aproximado de 10 dólares cada uno.
“En estos casos la restricción es casi imposible, porque cualquier persona puede ir para una tienda de bordados y pedir que los hagan, así están las cosas” dijo uno de los comerciantes, acotando que apenas este año las ventas han mejorado, “desde que comenzó la pandemia no vendíamos nada”.
El que va a delinquir no usa parches
Aunque no negaron que en ocasiones y más frecuentemente organizaciones delictivas usan estas prendas para delinquir en Lara y otros estados del país, aclararon que quien salga con intenciones de delinquir no usará parches, siendo el primer signo de alerta para un civil.
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“Si un funcionario te para, en circunstancias extrañas, hay que mirarle muy bien el parche donde está su identificación. Además, hay que tratar de ver otras características como los símbolos en el rango” dijo uno de los entrevistados.
Los comerciantes consultados dijeron que los únicos organismos que conservan restricciones es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), por lo que vender libremente una prenda de estos organismos resulta más complejo, siendo aquellos que les ofrecen sus productos, los únicos que tienen una base de datos completa para ubicar a sus clientes “si algo llegase a pasar”.
Naikarys Cordero
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