El presidente argentino, Javier Milei, comenzó un controversial proceso de trasladar a reclusos a una cárcel de alta seguridad, en una movida que busca desmantelar las redes de estafa y delincuencia organizadas que han proliferado en el país. Esta medida se asemeja a la estrategia del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha implementado políticas similares en su lucha contra el crimen.
Milei anunció que los nuevos reclusos perderán beneficios previamente otorgados, como el acceso a celulares y televisores, los cuales, según informes, eran utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior de las prisiones. Esta decisión ha generado un amplio debate sobre los derechos de los presos y la efectividad de tales medidas para frenar la criminalidad.
La administración de Milei pretende así enviar un mensaje claro sobre la cero tolerancia a la delincuencia, mientras que se enfrenta a críticas tanto de defensores de derechos humanos como de sectores que cuestionan la viabilidad de este enfoque en la mejora de la seguridad pública. Con esta acción, el gobierno argentino busca fortalecer su imagen ante un electorado ansioso por soluciones efectivas a la creciente inseguridad en el país.
