Trabajadores recordaron cómo la firma del memorándum 2792 les arrebató todos sus beneficios laborales, así como la persecución de la cual han sido objeto y que, aseguran, no se solventará con amnistías
En rueda de prensa, los miembros de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana se pronunciaron en contra de las narrativas que buscan mostrar a la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, como símbolo de una nueva etapa de la política nacional, asegurando que Rodríguez fue pieza clave del régimen de Nicolás Maduro y copartícipe de la crisis nacional.
“Ahora Delcy no sabe nada. Es la María Teresa de Calcuta. ¿No sabe del caos que hay en Venezuela? Si ella es la copartícipe de toda esta destrucción. Desde la Intersectorial de Trabajadores de Guayana decimos que no representa un interinato, sino que es responsable de la destrucción del país. Que los aliados la tienen ahí para que cumpla un propósito, pues le hacemos un llamado a los aliados también porque ahora se llevaron a Maduro y dejaron a Delcy con el mismo patrón de chantajear a los venezolanos”, expresó el secretario de la organización y dirigente sindical, Rubén González, refiriéndose a los efectos que ha tenido la recién promulgada Ley de Amnistía.
Para el sidorista Ángel Bolívar, las autoridades nacionales intentan manipular a los ciudadanos con propuestas y reformas laborales que, tras años de desencantos, ya no representan nada para los trabajadores, quienes exigen la restitución de todos los beneficios contractuales que les fueron arrebatados a la largo de 26 años.
“Delcy Rodríguez es responsable de todo este desastre. Nosotros los trabajadores les pedimos al mundo que vea cómo se tiene que dar esta salida de Delcy, tienen que irse. Desde los trabajadores estamos conscientes de lo que impera en Venezuela y hemos comprendido que empleador y empleados se necesitan los unos a los otros. Hemos entendido que la seguridad jurídica para el empleador es la garantía de nuestros puestos de trabajo. El empleador tiene que comprender que el bienestar de los trabajadores es vital para la armonía laboral”, aseguró.
Durante la convocatoria, los denunciantes recordaron que Delcy Rodríguez fue una de las gestoras del memorándum 2792, un documento impulsado en el 2018 por el Ministerio del Trabajo que resultó en la pulverización de todos los beneficios contractuales del sector público afectando directamente al personal de las filiales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Constituyente Laboral: un nuevo zarpazo para los beneficios contractuales
La vocería de la actividad cuestionó que el Ejecutivo esté enviando una encuesta a través del Sistema Patria para impulsar la denominada Constituyente Laboral, proyecto que busca reformar normativas de trabajo vigentes y, hasta ahora, no contempla una consulta previa con sindicatos y agrupaciones laboral.
“Aquí nosotros rechazamos esa Constituyente Laboral, esa consulta que está haciendo Delcy y le decimos que escuchen esto: nosotros lo que exigimos no son inventos, exigimos que respeten las convenciones colectivas. Delcy, ¿tú no sabes lo que hiciste? Viniste acá y firmaste el memorándum 2792 y eliminaste los beneficios de los trabajadores. ¿Ahora no sabes nada?”, esgrimió González.
Hasta la fecha, de la Constituyente Laboral solo se sabe que busca reformar las normativas vigentes, según abogados en materia laboral, la movida apunta a erradicar ciertos beneficios como el pago de prestaciones sociales para poder aminorar los costos que han mantenido el salario mínimo estancado desde marzo de 2022.
“Desde los trabajadores estamos conscientes de lo que impera en Venezuela y hemos comprendido que empleador y empleados se necesitan los unos a los otros. Hemos entendido que la seguridad jurídica para el empleador es la garantía de nuestros puestos de trabajo”.
“Cuando hablamos de un salario, tenemos unas bases. Eso no lo inventamos nosotros, está en la Constitución. En el artículo 91 está claro: todos los trabajadores debemos tener un salario vital y suficiente referenciado a la canasta básica que ronda los 1.000 dólares. Aquí hay dirigentes sindicales que los sacaron de sus puestos, trabajadores no requeridos que hay que reintegrarlos, hay trabajadores que fueron despedidos involuntariamente por política y no les quieren cancelar nada. Ahora resulta que no saben eso”, continuó el trabajador ferrominero.
Por su parte, dirigente sindical de CVG Bauxilum, Rolando Muñoz, afirmó que la triquiñuela de reformar la Ley del Trabajo busca la destrucción de lo que queda de beneficios contractuales.
“Desde acá de Guayana, el movimiento obrero seguirá reclamando y diciéndole las verdades a nuestro pueblo. Uno de los implementos del 2792 fue eliminar las escalas salariales con el cuento de la igualdad y equidad, pero para el desvalido. ¿Por qué no ponen igualdad y equidad para ellos? Desde octubre de 2018 cuando Delcy Rodríguez firmó el 2792 y aprobaron el instructivo Onapre para acabar con la sonrisa de nuestros hijos. Fueron ustedes. Nosotros salimos a cada portón a hablarle a los trabajadores del impacto que esto iba a tener en nuestra vida económica”, manifestó.
Proyectos de vida destrozados
Muñoz recordó la época en la que las prestaciones sociales servían para pagar estudios a sus hijos fuera del país, comprar carros o remodelar las viviendas. En este sentido, aseguró que cuando inició la destrucción del salario y las tablas salariales, dirigentes vinculados al chavismo prometieron que el socialismo del siglo XXI mejoraría sus niveles de vida, a día de hoy, la mayoría de los trabajadores viven en la pobreza.
“¿Quiénes son los que andan en autos de alta gama? Los que destruyeron la calidad de vida no solamente de los trabajadores de Guayana, sino de toda Venezuela”, dijo.
El trabajador mostró ante los presentes un listín de pago. Documento que era común para los trabajadores y desde hace años permanece desaparecido. Este papel contenía desglosados los conceptos de pago y explicaba de dónde salía cada bolívar que el trabajador ganaba. A pesar de estar contemplado en la ley, desde el 2018 ningún trabajador lo recibe.
“Aquí se describen los conceptos que cobra cada trabajador, ingredientes para el salario mínimo. Aquí se marca, mes a mes, cuánto tenemos en prestaciones sociales, de lo cual no quieren saber nada. Aquí sabíamos cuánto recibimos, cuánto nos correspondía, qué teníamos… prestaciones que eran sustanciosas. Ahora no sabemos cuánto tenemos. Yo tengo 27 años en Bauxilum, nunca saqué mis prestaciones para que cuando mis hijos estuvieran grandes poder pagarles una universidad, una vivienda. Para eso eran las prestaciones. Para eso”, manifestó Muñoz.
Amnistía no repara daños
Los denunciantes cuestionaron los efectos que ha tenido la Ley de Amnistía, la cual parece haberse quedado corta ante la gran cantidad de presos políticos que continúan detenidos. Asimismo recordaron que las madres y parientes de estos privados de libertad se han sometido a huelga de hambre para exigir su libertad sin obtener respuestas.
“Pedimos la libertad general para todos los presos políticos de una forma clara. Ninguno de esos presos políticos tiene ningún delito porque se los fabricaron con la Fiscalía y los jueces de cada circuito en expedientes que no tienen validez. Esa es la verdad. Venezuela sigue en el trauma general de toda esta gente”, ratificó González.
Los manifestantes aseguraron que la ley revictimiza a los detenidos, quienes obtienen un “perdón” por delitos que se les imputaron sin fundamentos claros, en ausencia de una defensa privada y con expedientes a los que las organizaciones no gubernamentales ni familiares han podido tener acceso. A su vez rechazaron que los militares detenidos fueran excluidos de este proceso que la misma Rodríguez consideró busca dar respuesta a un período de violencia política desde 1999.
Rubén González recordó casos emblemáticos como el de Ángel Rivas, esposo de la presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Bolívar, Maritza Moreno, quien fue apresado por un cuerpo policial en su casa cuando acudieron en busca de su esposa. Al no encontrarla, lo detuvieron a él.
A su vez, mencionó que los dirigentes laborales Fidel Brito, presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar; Fernando Serrano, sindicalista de CVG Venalum y Daniel Romero, representante laboral de Sidor, continúan tras las rejas.
“Hicieron una Ley de Amnistía para la Convivencia y la Paz, parece que quienes cometimos los delitos fuimos nosotros. ¿Ellos no hicieron nada? Aquí quien perseguía con los organismos de seguridad eran ustedes (el Estado). Aquí estamos todos los trabajadores de Guayana en resistencia, levantando nuestras voces. No digan mañana que es instigación al odio lo que estoy diciendo, es la verdad”, cerró.
