El decreto por el que se declara el estado de conmoción exterior incluye una orden de búsqueda y captura inmediata de cualquier persona que promocione o apoye el ataque de las fuerzas armadas estadounidenses contra Venezuela del pasado 3 de enero, en el que fue apresado el presidente Nicolás Maduro.
«Los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República», explica el decreto, fechado el 3 de enero y publicado este lunes.
Los detenidos por este precepto deberán ser puestos a disposición del Ministerio Público y del sistema de justicia penal con vistas a su enjuiciamiento «con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa».
El texto, que tiene una duración de 90 días prorrogables otros 90 prevé además un refuerzo de las patrullas y la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, así como la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera «y demás industrias básicas del Estado».
El estado de conmoción incluye además poderes extraordinarios para el jefe del Estado –Delcy Rodríguez, en este caso–, tales como la suspensión del derecho de reunión y manifestación.
También permite Rodríguez ordenar requisar los bienes necesarios para la defensa del país, restringir el acceso al territorio nacional o cerrar las fronteras.
Asimismo capacita a la presidenta encargada para «restringir el libre tránsito de personas o vehículos de cualquier clase o tipo en el territorio nacional», «dictar otras regulaciones excepcionales y transitorias que resulten necesarias para repeler cualquier amenaza o acción hostil exterior y restablecer el orden interno y proteger los derechos de la población» y «cualquier otra medida que fuera necesaria para proteger al pueblo venezolano, la integridad del territorio y la soberanía venezolana».
El decreto deberá ser remitido a la Asamblea Nacional en un plazo de ocho días desde su emisón «para para su consideración y aprobación», explica el propio texto.
