El Gobierno de Gustavo Petro declaró oficialmente la «emergencia económica y social» en todo el territorio colombiano por un periodo de 30 días. Esta medida surge como respuesta directa al rechazo del Congreso a la reforma tributaria el pasado 9 de diciembre, la cual buscaba recaudar 16.300 millones de pesos para completar el presupuesto de 2026. Según el mandatario, esta situación ha generado una crisis fiscal grave que pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales.
Con la firma de este decreto, el presidente adquiere facultades extraordinarias que le permitirán aprobar nuevos impuestos sin pasar inicialmente por el Legislativo. Petro justificó la decisión alegando una «incapacidad material y jurídica» para garantizar derechos fundamentales tras el déficit presupuestario. Además del revés tributario, el Ejecutivo señaló como causas los pagos pendientes de administraciones anteriores y las restricciones de endeudamiento derivadas de medidas internacionales.
Entre los factores determinantes para esta declaratoria se encuentran el cumplimiento de fallos judiciales sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de las EPS y la necesidad de recursos para la seguridad ciudadana. El Gobierno sostiene que el hueco fiscal de 12.000 millones de pesos previsto para 2025 obliga a tomar acciones urgentes para evitar un colapso en la administración pública y el sistema de salud nacional.
Se espera que en los próximos días se decreten nuevos gravámenes que podrían incluir un impuesto al patrimonio para empresas, un aumento en el IVA y tasas más altas al consumo. También están bajo la lupa las bebidas alcohólicas, el tabaco, los alimentos ultraprocesados y la extracción de combustibles fósiles. La medida ha generado gran expectativa y debate sobre el impacto que tendrá en el bolsillo de los colombianos y la estabilidad económica del país.
