“Considerar la eliminación o cambio de modalidad de las prestaciones sociales como una excusa para un aumento salarial es una propuesta que desde la posición de los trabajadores es inaceptable”, así lo manifestó este viernes 6 de febrero, Alberto Domínguez, dirigente sindical del sector salud en el estado Lara, al cuestionar la propuesta anunciada por Jorge Roig, miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Recientemente, Roig explicó en una entrevista, que el actual sistema de cálculo de prestaciones genera un pasivo laboral de tal magnitud que las empresas se ven imposibilitadas de otorgar aumentos significativos en el salario base. Según su visión, esto obliga al sector privado a optar por la bonificación de los pagos. Ante esto, sugirió un nuevo esquema que permita aumentos sostenibles sin que la acumulación de deudas laborales conduzca a la quiebra de las empresas.
Para Domínguez, este planteamiento es “contrario al derecho positivo, a la progresividad de los derechos laborales e incluso a la cultura de trabajo en Venezuela”.
“Las prestaciones sociales son un patrimonio de los trabajadores; son una forma de ahorro para su futuro y el de su familia. Con ellas, el trabajador asegura lo que cualquier empresario también busca: contar con un colchón económico al terminar su vida laboral activa”, argumentó Domínguez. Además, recordó que estas funcionan como una retroactividad económica en caso de accidentes que conlleven incapacidad, o como un seguro ante despidos y ceses de la relación laboral.
En ese sentido, recalcó que desde el sector laboral esperan que quienes conforman el dialogo entre el Gobierno y las centrales de obreras “evalúen con seriedad la posición de los trabajadores y no vendan nuestras prestaciones sociales o la cambien por un salario que la inflación se lo comería de inmediato”, dijo.
Finalmente, Domínguez reiteró la disposición de los trabajadores para impulsar la economía del país, pero con condiciones justas: “Estamos dispuestos a ser proactivos en los cambios que requiere Venezuela, pero no pueden empezar pidiendo más sacrificio a quienes llevamos una cruz desde hace años”, enfatizó, haciendo referencia al salario mínimo que permanece congelado en 130 bolívares desde hace casi cuatro años.
