El panorama político venezolano se encuentra nuevamente en el centro del debate tras las recientes declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. El funcionario aseguró que, desde diciembre de 2024, las autoridades han otorgado la libertad a más de 400 personas, argumentando que este proceso busca fomentar la «convivencia pacífica» y la unión nacional. Rodríguez fue enfático al señalar que estas medidas continuarán, aunque aclaró que, desde la visión oficial, no se trata de presos políticos, sino de ciudadanos que incurrieron en faltas legales contra la Constitución.
Sin embargo, los datos oficiales contrastan fuertemente con los registros de las organizaciones civiles. La ONG Foro Penal ha cuestionado estas cifras, confirmando apenas 56 liberaciones desde el pasado 8 de enero. Ante las acusaciones del Gobierno, que señaló a la organización de realizar cobros por sus servicios, la ONG respondió de inmediato desmintiendo tales señalamientos y recordando su trayectoria de más de 23 años brindando asistencia legal gratuita. La organización atribuye la confusión a la falta de transparencia y a la «opacidad» del Estado al no publicar una lista clara con las identidades de los beneficiados.
Esta discrepancia de números ha generado una ola de angustia entre los familiares de quienes aún permanecen privados de libertad. Mientras el Parlamento reta a las ONG a revisar sus bases de datos, los activistas de derechos humanos insisten en que el país necesita información pública y verificable para avanzar hacia una verdadera reconciliación. Por ahora, el cruce de acusaciones mantiene en vilo a la opinión pública, evidenciando una vez más la profunda brecha informativa que existe entre las instituciones del Estado y los organismos de defensa ciudadana.
