La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un nuevo proyecto de ley que establece sanciones severas para quienes respalden la piratería internacional y el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos contra los buques petroleros venezolanos. Las penas impuestas oscilan entre los 15 y 20 años de prisión, además de multas considerables en bolívares, marcando un endurecimiento jurídico frente a las acciones que afecten la industria energética del país.
Esta iniciativa legislativa, presentada por el diputado Giuseppe Alessandrello, tiene como objetivo principal blindar la soberanía nacional en aguas territoriales. Según los fundamentos del proyecto, la ley busca «garantizar la libertad de navegación y el comercio», defendiendo la economía venezolana de lo que el gobierno califica como actos ilícitos internacionales que obstaculizan el transporte de crudo.
La medida responde al contexto de tensiones geopolíticas y busca desincentivar cualquier tipo de colaboración interna o externa con las restricciones marítimas aplicadas a la flota petrolera. Con esta aprobación, se refuerza el control legal sobre las rutas comerciales estratégicas, enviando un mensaje directo sobre las consecuencias de participar en actividades que el Estado considera un sabotaje al patrimonio nacional.
