La actualización de la legislación laboral es un paso indispensable para lograr un incremento real del sueldo mínimo en el país, advirtió este martes 10 de febrero, Jorge Roig, durante el “II Foro de Jóvenes Líderes: Nuevas generaciones que asumen retos en Venezuela» en la sede de Fedecámaras Caracas.
El representante de Fedecámaras ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó que la legislación vigente genera una carga financiera significativa que pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas al ajustar los salarios de los trabajadores. Subrayó que, en las condiciones actuales, el sector privado no está en capacidad de asumir los costos asociados al sistema de prestaciones sociales.
El eje central de la discusión se encuentra en la manera de calcular los beneficios laborales. Según Roig, el sistema de indexación y retroactividad basado en el último salario recibido genera una deuda acumulada que resulta insostenible para las empresas en contextos de inflación. No se trata de eliminar las prestaciones sociales, sino de suprimir el mecanismo de recálculo. Actualmente, las prestaciones se ajustan utilizando como referencia el último salario, aplicando retroactividad e indexación. En un escenario inflacionario, esto representa un desafío crítico: para un empleado con 26 años de antigüedad, un incremento salarial de tan solo 10 dólares puede traducirse en un gasto imposible de asumir por parte de la empresa, explicó durante una entrevista en Fedecámaras Radio, reseña Contrapunto.
Roig enfatizó que existe una voluntad real por parte del gremio empresarial para mejorar las condiciones de sus empleados, reconociendo que un mejor salario es beneficioso para el ecosistema económico global.
«Los empresarios privados están deseosos de pagar un mejor salario, pero evidentemente debemos superar la legislación laboral vigente para hacerlo posible», concluyó el dirigente gremial.
La iniciativa se plantea en un contexto en el que distintos sectores del país demandan aumentos salariales en respuesta al costo de vida, situando la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo como el eje central del debate nacional previsto para 2026. AC