Este martes 11 de noviembre, la Administración de Donald Trump anunció que desplegó un portaaviones en Latinoamérica, en plenas tensiones con Venezuela por la campaña militar estadounidense respecto al narcotráfico en la región, que hasta el momento, se saldó con decenas de fallecidos en bombardeos en aguas del Caribe y el Pacífico.
La Armada de Estados Unidos informó a través de un comunicado que el portaaviones ‘USS Gerald R.Ford’ ingresó el 11 de noviembre al área de responsabilidad del Mando Sur (Southcom), después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara «apoyar la directiva» de Trump para «desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo».
«La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Southcom reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorizar e interrumpir las actividades y actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos y nuestra seguridad en el Hemisferio Occidental», declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
Para Washington, este despliegue de fuerzas –que incluye a 4.000 uniformados y decenas de aeronaves a bordo– «mejorará y reforzará las capacidades existentes para desarticular el narcotráfico y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales», al tiempo que agregó que «proporciona» una «mayor capacidad para proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar».
En este sentido, explicó que el ‘USS Gerald R.Ford’ «puede catapultar y recuperar simultáneamente aeronaves de ala fija en su cubierta de vuelo, de día o de noche, en apoyo de las operaciones encomendadas». Así, «reforzará» las fuerzas conjuntas ya desplegadas en la región «para derrotar y desmantelar las redes criminales que explotan nuestras fronteras y dominios marítimos compartidos».
A principios de septiembre, Estados Unidos comenzó sus ataques contra estas supuestas embarcaciones del narcotráfico que transitan por el mar Caribe y el océano Pacífico y desde entonces ha hundido una veintena y ha acabado con la vida de 75 personas.
Naciones Unidas, además de los gobiernos de Venezuela y Colombia, denunciaron estas prácticas como «asesinatos extrajudiciales» y apuntaron que las víctimas serían principalmente pescadores.
Europa Press
