En los últimos 30 años, siete mandatarios han intentado dialogar con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Apenas por segunda vez, tras un intento de 101 días en 2017, ese grupo implementa un cese al fuego, que será bilateral y se extenderá, por ahora, hasta el 29 de enero de 2024. Para sellar el momento, este jueves se realiza una ceremonia con la presencia del presidente Gustavo Petro y de delegados de ELN como Aureliano Carbonell, Pablo Beltrán y Bernardo Téllez. Con ello también darán inicio al denominado Acuerdo de Participación, firmado por las partes en la mesa de negociaciones.

La presentación pública del Comité nacional de Participación (CNP) es un paso notable para involucrar a la sociedad civil, un tradicional reclamo del ELN, que se ve a sí mismo no tanto como un ejército, sino como un brazo armado del pueblo. Al evento, convocado en Bogotá, en el centro de eventos Corferias, se espera que asistan más de 80 delegados de 30 sectores sociales diferentes ―integrantes de organizaciones étnicas, gremiales, empresariales y sindicales― , quienes entrarán a formar parte del comité, junto a una parte de los equipos negociadores del Gobierno y la guerrilla (por el ELN fueron nombrados Consuelo Tapias, Mauricio Iguarán, Claudia Rodríguez y Juan Carlos Cuéllar). Esa decisión emana de la nueva agenda de diálogo marcada por el Acuerdo de México (el ciclo de conversaciones realizadas en el país norteamericano en marzo de este año.

La idea es que el comité recoja propuestas por todo el país de las comunidades sobre los cambios que crean necesarios para la paz, una suerte de insumos sociales para la negociación. Para lograrlo, el CNP diseñará los instrumentos para lograr la inclusión de los ciudadanos mediante nueve encuentros regionales y 15 locales, en un término de entre cuatro y seis meses. Luego vendría una fase en la que todos los integrantes del Comité dialoguen alrededor de las propuestas recogidas para, posteriormente y con base en ellas, formular políticas y proyectos concretos que se lleven a discusión con los equipos negociadores en la mesa, con miras a construir de manera conjunta una paz territorial.

Además del CNP, este jueves entra en funcionamiento el Mecanismo de Verificación y Monitoreo (MVMV), encargado de vigilar el cumplimiento del cese y que debe emitir informes mensuales que ayuden a que las partes decidan si prolongan o suspenden la tregua. El mecanismo estará integrado por el general Gerardo Benavides, cabeza del Comando Conjunto de Transición, y la coronel Lurangeli Franco; delegados de Oficina del Alto Comisionado para la Paz; así como por cabecillas del ELN, entre los que están Bernardo Téllez y Gustavo Martínez. Además de miembros de la Conferencia Episcopal y funcionarios de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas.

Para dar cuenta de una realidad compleja, en la que además del ELN y el Gobierno hay otros actores en disputa; el mecanismo tendrá instancia nacional, pero también regional (en nueve sedes, en las ciudades de Arauca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pasto, Quibdó, Soacha y Valledupar) y local (con 22 bases: Aguachica, Barrancabermeja, Becerril, Bojayá, Buenaventura, Caucasia, Ipiales, Istmina, Soatá, Ocaña, Pereira, Popayán, Puerto Carreño, Puerto Inírida, San Juan del Cesar, Santa Rosa de Osos, Santa Rosa del Sur, Socorro, Tame, Tibú, Tumaco y Yopal). Cada instancia tendrá al menos dos representantes de la guerrilla, para tener comunicación constante y directa con las estructuras armadas de los territorios.

La tarea de proteger a quienes integren los MVMV estará principalmente en manos de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), que nació en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC en 2016 y que durante la administración de Iván Duque no tuvo mayor protagonismo ni financiamiento, pero que tendrá un papel crucial para sostener el esfuerzo de paz. La UNIPEP se ha estado preparando las últimas semanas con formaciones a cargo de Instituto de la Paz de Estados Unidos, una agencia gubernamental.

Una esperanza frágil

Para algunos líderes sociales de zonas fuertemente azotadas por la violencia, como el departamento del Chocó, en el que opera el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, este cese abre una puerta de ilusión. Sin embargo, la desconfianza sigue latente en esa región, sobre todo después de la crisis humanitaria que dejó el paro armado que impuso el ELN durante quince días a inicios del mes de julio. A ello se suma el temor entre las comunidades por los constantes enfrentamientos entre esa guerrilla y otros grupos armados ilegales como el Clan del Golfo o las disidencias de las extintas FARC conocidas como Estado Mayor Central, lo que sucede frecuentemente en Arauca.

“No nos esperanzamos tanto con lo que se promete porque la historia nos ha enseñado otra cosa”, señala con recelo un líder integrante de la Red de Derechos Humanos del Pacífico que pide anonimato para evitar poner en riesgo su vida. Para ese líder, el cese no tendrá un impacto significativo en el Chocó si no se hace en paralelo con otros actores armados, como el mencionado Clan del Golfo. “Aquí vemos los diálogos con el ELN como la negociación de un solo grupo, cuando lo que necesitamos es que todos los actores armados que operan en nuestro territorio entren en un consenso”, agrega. En ello coincide Francisco Daza, coordinador de la línea de investigación de Paz, posconflicto y derechos humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (PARES): “Se ha identificado que el grueso de acciones armadas no se da entre grupos ilegales contra la fuerza pública, sino entre ellos mismos. Entonces, el reto es que el Gobierno logre desescalar las acciones violentas entre los actores armados ilegales. El cese es una solución parcial, pero en el fondo no es la receta para garantizar alivios humanitarios para la población civil”.