En un encendido mitin desde Huancayo, el candidato presidencial Rafael López Aliaga reafirmó su estrategia de «mano dura» contra la migración irregular en Perú. El líder de Renovación Popular lanzó un ultimátum directo: de alcanzar la presidencia, el 28 de julio —fecha de su eventual toma de posesión— será el día límite para los extranjeros sin papeles. «Todo venezolano que no tenga papeles en regla… se larga a Venezuela», sentenció el aspirante conservador, vinculando la regularización inmediata con la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado que mantiene en vilo al país.
El empresario, conocido por su crítica frontal a la gestión de Nicolás Maduro, no se ha limitado a las advertencias verbales. En su hoja de ruta electoral para el 12 de abril, y ante una posible segunda vuelta en junio, López Aliaga ha propuesto medidas drásticas que incluyen el uso de grilletes electrónicos para el monitoreo de extranjeros bajo investigación y el retorno de migrantes indocumentados mediante vía marítima. Esta narrativa busca capitalizar el descontento social en una nación que hoy alberga a 1.6 millones de venezolanos, de los cuales casi la mitad se encuentra en situación irregular.
La propuesta del candidato pone sobre la mesa un debate logístico y humanitario de proporciones regionales. Mientras sus simpatizantes ven en este plan una solución definitiva al desborde del control migratorio, diversos analistas cuestionan la viabilidad de ejecutar deportaciones masivas en un solo día sin vulnerar tratados internacionales. Sin embargo, para López Aliaga, la identificación rigurosa es innegociable; su postura asume que la soberanía del Estado debe prevalecer sobre cualquier otra consideración para frenar el avance de bandas transnacionales en territorio peruano.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el anuncio en Huancayo marca una clara línea divisoria en la campaña. Al fijar el 28 de julio como el «día cero» para la migración irregular, López Aliaga obliga al resto de los contendientes a definir su posición frente a una crisis que ha transformado la demografía y la política interna del país en la última década. El clima electoral se calienta y la promesa de una reforma migratoria radical se perfila como el eje central de su discurso de cara a las urnas.
