La relatora especial de la ONU Margaret Satterthwaite destacó que los cargos son cruciales para la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento del Estado de derecho, y exigió que las autoridades venezolanas garanticen un proceso alineado con estándares internacionales
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, en una foto de archivo. EFE/ Mariano Macz
La designación de nuevas autoridades en el sistema de justicia venezolano ha encendido alertas dentro y fuera del país. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, instó a que el proceso se lleve a cabo con apego a principios de transparencia, legalidad y evaluación objetiva.
La declaración se produce mientras la Asamblea Nacional avanza en la selección del nuevo fiscal general y del defensor del pueblo, tras las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz el 25 de febrero, figuras asociadas al oficialismo. Estas vacantes han colocado el foco sobre los mecanismos de elección y su impacto en el equilibrio institucional.
En redes sociales, Satterthwaite destacó la importancia de esos cargos y calificó de “crucial” su papel en la protección de derechos fundamentales y el funcionamiento del Estado de derecho. Pidió a las autoridades venezolanas garantizar un proceso ajustado a estándares internacionales.
Denuncian falta de transparencia
Mientras se desarrollan las evaluaciones, el Parlamento venezolano decidió otorgar prórroga de 48 horas al Comité de Postulaciones para continuar revisando expedientes. El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, admitió que alcanzar consensos ha resultado complejo, aunque señaló que “casi 60 aspirantes cumplen los requisitos”.
Organizaciones no gubernamentales han cuestionado la falta de apertura del proceso. Según advirtieron en un comunicado, la ausencia de participación de sectores independientes en el Comité compromete su equilibrio, pues “anula la pluralidad e independencia del proceso y puede abrir la puerta a designaciones basadas en lealtades políticas más que en méritos profesionales”.
Las críticas también apuntan a la escasa información oficial disponible. Aunque se publicó una lista con más de 130 aspirantes, no se han divulgado las reglas del proceso ni los parámetros de evaluación, lo que a juicio de estas organizaciones limita la vigilancia pública y debilita la credibilidad de las futuras designaciones.
