De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso el medio Infobae, la investigación se sustenta en el análisis de más de 3.000 registros oficiales y fuentes de inteligencia
Nicolás Maduro, durante su traslado a un tribunal de Nueva York el 5 de enero de 2026. | Foto: EFE/Stringer
Un informe elaborado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) expone con detalle una presunta red de cooperación entre el gobierno de Nicolás Maduro e Irán que abarca ámbitos financieros, militares y logísticos. Esta red podría convertirse en una pieza clave dentro de los procesos judiciales abiertos en tribunales federales estadounidenses.
De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso el medio Infobae, la investigación se sustenta en el análisis de más de 3.000 registros oficiales y fuentes de inteligencia.
Entre las conclusiones describen una estructura compleja que, según la agencia, permitió a Teherán evadir sanciones internacionales mediante mecanismos financieros opacos. En estos mecanismos participaban fondos binacionales, fideicomisos y bancos corresponsales en distintos países.
Del mismo modo, el reporte señala que estos esquemas facilitaron la canalización de recursos hacia sectores estratégicos iraníes, incluyendo energía, construcción naval y actividades de doble uso. Asimismo, sostiene que esta cooperación habría contribuido a sostener capacidades económicas y operativas vinculadas a intereses geopolíticos en Medio Oriente y América Latina.
¿Qué dice el informe de la DEA sobre Maduro y sus vínculos?
En el ámbito militar, la DEA advierte sobre transferencias tecnológicas que incluirían drones, sistemas de defensa costera y asistencia en capacidades industriales.
Además, menciona supuestos intercambios relacionados con materiales sensibles y conocimientos técnicos que podrían tener implicaciones en programas nucleares. Sin embargo, estos puntos forman parte de líneas de investigación en desarrollo, según lo reseñado por Infobae.
El informe también describe a Venezuela como un posible punto de apoyo para organizaciones catalogadas como terroristas por Estados Unidos, entre ellas Hezbollah y Hamas. Según el documento, estas estructuras habrían utilizado el territorio venezolano para operaciones logísticas, emisión de documentos y movimientos financieros vinculados a actividades ilícitas.
Otro aspecto destacado es la presunta conexión de estas redes con organizaciones criminales en América Latina, incluidas disidencias de las FARC y carteles del narcotráfico. Esto configuraría un ecosistema híbrido entre crimen organizado y actores con motivaciones políticas o ideológicas.
En paralelo, el caso avanza en el sistema judicial estadounidense. La defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry J. Pollack, presentó recientemente un recurso en el que cuestiona la validez de los cargos. Alegan posibles violaciones a derechos constitucionales como el debido proceso y la asistencia legal adecuada.
No obstante, fuentes cercanas al proceso consideran poco probable que estos argumentos prosperen. Está previsto que el tribunal federal en Nueva York celebre una audiencia el próximo 26 de marzo. En esa audiencia se evaluarán los planteamientos de la defensa y la admisibilidad de las pruebas presentadas por las autoridades.
