El abogado Eduardo Torres y el activista Alberto Maimone solicitaron a las autoridades, entre ellas la presidenta interina Delcy Rodríguez y el jefe parlamentario Jorge Rodríguez, que evalúen el caso dentro del proceso de amnistía para que Aranza y Samantha Hernández reciban la libertad plena
Aranza Hernández, de 19 años de edad, y su hermana Samantha Hernández, de 16 | Foto: archivo
Aranza Hernández, de 19 años de edad, y su hermana Samantha Hernández, de 16, permanecen detenidas solo por ser hermanas del militar Christian Hernández Castillo. La denuncia la hicieron el abogado Eduardo Torres y el activista Alberto Maimone, quienes señalaron que se trata de un patrón de castigo indirecto y exigieron la aplicación en su caso de la Ley de Amnistía.
“Ya está bueno del método Sippenhaft,persecución de la familia de los militares”,expresó Maimone.
Por su parte, Torres destacó que Samantha es “la última adolescente presa” tras las detenciones ocurridas luego de las elecciones del 28 de julio, y exigió la intervención de las autoridades.
“El llamado es a los tribunales, exigimos justicia. Libertad para todos los presos políticos”, afirmó.
Ambos solicitaron también a las autoridades, entre ellas la presidenta interina Delcy Rodríguez y el jefe parlamentario Jorge Rodríguez, que evalúen el caso dentro del proceso de amnistía para que se les otorgue la libertad plena a las jóvenes hermanas.
Un Mundo Sin Mordaza denunció, el 21 de noviembre del año pasado, la detención de Aranza apenas dos días después de que su hermana menor fuera arrestada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
La ONG señaló que ambas son hermanas del primer teniente Christian Hernández Castillo, actualmente en el exilio luego de que el régimen chavista lo acusó de supuesta traición a la patria. Además, son sobrinas de Henry Castillo, reportado como desaparecido desde el 24 de enero de 2025, un caso documentado ante instancias internacionales.
La organización advirtió que estas detenciones forman parte de “un patrón creciente de persecución contra familiares de perseguidos políticos”, al tiempo que calificó esta práctica como Sippenhaft, un mecanismo históricamente asociado a regímenes autoritarios.
“La persecución a las familias es un crimen, no un método de control”, señaló.
Más de 7.000 supuestos beneficiados
La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla beneficios para personas vinculadas a hechos políticos ocurridos desde 1999. Sin embargo, organizaciones civiles han advertido obstáculos en la aplicación de esta norma.
Más de 50 ONG y activistas solicitaron la creación de tribunales itinerantes en distintas regiones del país para facilitar el acceso a la justicia, ya que los altos costos de traslado a Caracas dificultan que los beneficiarios puedan tramitar sus casos.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta la semana pasada se habían otorgado 7.727 libertades en el marco de este proceso, aunque la mayoría corresponde a medidas cautelares y no a excarcelaciones plenas
