El presunto conseguidor del ‘caso Koldo’ medió para la aerolínea en múltiples asuntos
Air Europa tiene derechos de crédito frente al Estado venezolano por importe de unos 205 millones de dólares debido a “la imposibilidad de repatriar los fondos generados por la venta de billetes de avión en bolívares desde el año 2013″ a causa de las restricciones cambiarias en la nación caribeña. La aerolínea contrató al presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, para resolver este asunto pero sin éxito, por lo que no llegó a cobrar por este trabajo.
Así se desprende de la documentación entregada por Globalia ―grupo en el que se integra la aerolínea― al Tribunal Supremo para el juicio que arrancará el próximo 7 de abril contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el propio Aldama por el presunto cobro de mordidas para adjudicar a Soluciones de Gestión, mercantil que representaba el empresario, contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.
Según explica Globalia, fue el comisionista quien se ofreció a realizar las gestiones que fueran necesarias para repatriar “el dinero que Air Europa tenía y tiene retenido en Venezuela desde el año 2013″. Aldama fue contratado el 17 de septiembre de 2019 con ese propósito con la condición de que únicamente cobraría por su labor de mediación si tenía éxito. Como no fue así, finalmente no se embolsó nada por este negocio.
Poco después, el 1 de noviembre de 2019, Globalia suscribió otro contrato, esta vez de consultoría y asesoramiento, con MTM 180 Capital, otra mercantil vinculada a Aldama. Esta encomienda tenía un objeto más amplío, que incluía desde asistencia tanto a Globalia como a Air Europa “en la implementación de instrumentos financieros para solventar la crisis provocada por las medidas adoptadas ante el Covid-19″; a la “mediación en los contratos de vuelos chárter con tripulación suscritos con Soluciones de Gestión”, empresa adjudicataria de la trama de mascarillas; o de “representación institucional en diferentes eventos tanto nacionales como internacionales”.
Air Europa le compró 1,2 millones de mascarillas
Esa relación empresarial también se tradujo en la compra de 1.280.000 mascarillas tipo KN95 por parte de Air Europa a Soluciones de Gestión por 2.368.000 euros (a 1,85 euros la unidad) para poder suministrar “la mascarilla obligatoria para la tripulación y pasajeros en los vuelos realizados”.
Además, Soluciones de Gestión fletó aviones de Air Europa para transportar el material sanitario desde China, donde lo compraba. En concreto, Globalia señala nueve vuelos durante el primer semestre de 2020 con un coste de entre 224.000 y 295.000 cada uno, aunque aclara que no había una tarifa fijada, sino que el precio se negociaba en función de las circunstancias del mercado en cada momento. Como baremo, menciona otros dos vuelos similares que hizo para otros clientes desde China en esas fechas y por los que cobró 300.000 y 350.000 euros. Air Europa también fletó otros dos vuelos nacionales, entre Madrid y Canarias o Baleares, por 70.000 y 37.500 euros, respectivamente. Todo, por un total de 5,9 millones de euros. En cualquier caso, la aerolínea puntualiza que “ninguna compañía del Grupo Globalia cobró cantidad alguna de Soluciones de Gestión por los vuelos operados por Iberia para traer mascarillas”.
Asimismo, responde al Supremo que “no consta que en ningún momento resultara imposible poder volar China”. No obstante, precisa que, como Air Europa no operaba allí antes de la crisis sanitaria, “a efectos de lograr los correspondientes permisos para volar a dicho país, los tres primeros vuelos realizados se gestionaron a través del Ministerio de Asuntos Exteriores”. Después, lo hizo con la ayuda de otra empresa.
La investigación judicial, que ahora se ha trasladado a la Audiencia Nacional, destapó la estrecha vinculación entre Aldama y Globalia, para quien también se encargó de mediar a favor del rescate que Air Europa consiguió en 2020 por 475 millones de euros. El instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, acotó sus pesquisas a la influencia que el empresario pudo ejercer en la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio de Transportes de Ábalos apoyando la ayuda pública. Otro instructor, el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por hasta cinco delitos, ha intentado investigar ese rescate en numerosas ocasiones pero la Audiencia Provincial de Madrid siempre le ha frenado.
