De acuerdo con The New York Times, funcionarios estadounidenses transmitieron a La Habana que ningún acuerdo será posible mientras el actual líder del régimen permanezca en el poder
La salida del dictador cubano Miguel Díaz-Canel del poder es uno de los ejes de las negociaciones que mantienen Estados Unidos y el régimen de La Habana sobre el futuro político de la isla.
De acuerdo con fuentes consultadas por The New York Times, la administración de Donald Trump ha dejado claro a sus interlocutores cubanos que ningún acuerdo será posible mientras Díaz-Canel permanezca al frente del régimen, aunque no se exige —por ahora— el fin del sistema comunista ni medidas directas contra la familia Castro, que continúa controlando los principales recursos del poder en Cuba.
La estrategia de Estados Unidos se centra en forzar un cambio en la cúpula cubana, sin demandar el desmantelamiento inmediato del sistema comunista que gobierna la isla desde hace más de seis décadas.
Trump afirmó este lunes que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”.
“Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella”, dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.
Funcionarios estadounidenses consideran que la salida de Díaz-Canel podría abrir la puerta a reformas económicas estructurales imposibles bajo su liderazgo.
El régimen cubano, por su parte, reconoce el desgaste político de Díaz-Canel y la necesidad de proyectar cierta renovación, pero busca evitar la impresión de estar cediendo ante presiones extranjeras. Las fuentes consultadas por el diario estadounidense señalan que La Habana explora alternativas para ejecutar el relevo dictatorial sin que parezca una imposición dictada por Washington.
Las conversaciones entre ambas partes se producen tras meses de crisis energética y asfixia económica agravadas por las sanciones estadounidenses. La administración Trump ha restringido la llegada de petróleo extranjero a la isla, lo que ha derivado en apagones generalizados y un deterioro sostenido de las condiciones de vida.
La escasez de combustible y el colapso del sistema eléctrico han sido atribuidos por Díaz-Canel al “bloqueo energético” impuesto por Estados Unidos, según declaró en una reciente conferencia de prensa.
En paralelo, Washington ha sugerido a la dictadura comunista que abra la economía a la inversión estadounidense y se comprometa con la liberación de presos políticos, demandas históricas en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba.
Los negociadores norteamericanos también han puesto sobre la mesa la necesidad de apartar a figuras históricas del castrismo, especialmente a aquellos funcionarios que se mantienen fieles a las ideas de Fidel Castro.
A pesar del protagonismo mediático de Díaz-Canel, el centro real del poder en Cuba sigue en manos de la familia Castro y del conglomerado militar GAESA, que controla sectores estratégicos como el turismo y el comercio minorista.
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, actúa como interlocutor clave en las negociaciones con Estados Unidos y podría conservar influencia sobre el rumbo del régimen, incluso si el régimen se delega a una figura de menor perfil.
Las fuentes consultadas por The New York Times advierten que un simple relevo en la cúpula no implica necesariamente una apertura política o económica genuina. Analistas internacionales sostienen que Díaz-Canel fue escogido precisamente por su falta de iniciativa para promover cambios profundos y porque su caída puede utilizarse como una válvula de escape ante la presión externa e interna.
El mandato de Díaz-Canel ha coincidido con una de las peores crisis económicas de la isla, marcada por la inflación, la escasez de bienes básicos y la migración masiva. Las protestas de julio de 2021, las más grandes en décadas, fueron respondidas por el régimen con represión, arrestos y condenas a manifestantes, lo que intensificó el aislamiento del régimen cubano en la comunidad internacional.
A pesar de la presión, parte del exilio cubano en Estados Unidos y de los sectores más críticos del castrismo consideran insuficiente la estrategia de Washington si se limita a un simple cambio de rostro en la cúpula del régimen.
Líderes de la comunidad cubanoamericana y legisladores en Florida exigen acciones más contundentes que incluyan una transformación total del sistema político y la desarticulación de GAESA.
El régimen explora alternativas para la sucesión de Díaz-Canel y ha comenzado a dar visibilidad pública a funcionarios que hasta ahora operaban en la sombra. Entre ellos destaca Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro y actual vice primer ministro, quien recientemente ofreció una rara entrevista a medios estadounidenses en la que abordó la posibilidad de abrir Cuba a la inversión extranjera.
En este contexto, la administración Trump busca replicar en Cuba la estrategia empleada en Venezuela: forzar la salida del dictador sin recurrir a la intervención militar directa. La caída de Nicolás Maduro, que permitió a Washington controlar el flujo petrolero hacia la isla, es vista como un antecedente relevante por la Casa Blanca.
La Casa Blanca mantiene que la salida de Díaz-Canel sería un paso positivo para relanzar las relaciones bilaterales y obtener victorias simbólicas que puedan presentarse ante la opinión pública estadounidense.
No obstante, la incertidumbre sobre el sucesor y la persistencia de los grupos de poder tradicionales ponen en duda que un simple recambio en la presidencia implique cambios de fondo.
En definitiva, el destino de Cuba se juega entre la presión internacional y la capacidad de maniobra de un régimen que resiste a ceder el control real del país. La salida de Díaz-Canel podría marcar el inicio de una nueva etapa en el diálogo con Estados Unidos, pero difícilmente implique una transformación inmediata del modelo político que ha regido la isla durante más de seis décadas.
