Tras casi cuatro años sin un aumento salarial, las expectativas de los gremios y sindicatos para 2026 se centran precisamente en este tema. El pasado lunes, las perspectivas crecieron con el anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la creación de los fondos de Protección Social y de Infraestructura con las divisas provenientes de la renta petrolera destinados a responder a las demandas salariales, así como a mejorar la infraestructura entre estos los sectores salud, educación, así como servicios públicos.
Al respecto El Informador Venezuela conversó con el presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de los Seguros Sociales (IVSS) del estado Lara y la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Apucla), y el Sindicato Venezolano de Maestro de Lara (Sinvemal) Alberto Domínguez, Déborah Velásquez de Valecillos y Eglis Ramírez, respectivamente quienes coinciden en que la política de ‘bonificación’ que ha desplazado al salario formal: la exigencia es clara y unánime: rescatar el valor del sueldo real y poner fin a la asfixia de las prestaciones sociales. Los bonos deben pasar a ser parte del salario.
Domínguez dice que recibe gratamente el anuncio “inesperado” tras los hechos del 3 de diciembre, ya que el presupuesto de la nación aprobado por la Asamblea Nacional el 9 de diciembre 2025 no contemplaba directamente el aumento salarial.
Por esa razón, considera factible que esta semana se reúnan las centrales obreras para debatir el tema. En tal sentido, pide escuchar los planteamientos que se generen desde Lara y las regiones para que no se convierta en distracción y que el Gobierno incremente el bono y no el salario.
Por su parte, Velásquez agrega que el valor del cestaticket debe ajustarse al precio del dólar del día. Apucla reafirma que las expectativas de su gremio están alineadas con las normas de homologación, las cuales toman como referencia el promedio del índice inflacionario de los dos años previos. Además, se realizaba una proyección para definir el incremento salarial, garantizando que este estuviera en consonancia con la realidad económica del momento.
Entretanto, Eglis Ramírez, directivo de Sinvemal, quien expresa cierto escepticismo basado en experiencias anteriores. En 2021, el Nicolás Maduro autorizó la firma del contrato colectivo y la rúbrica no se ha estampado. Igualmente, dijo que salario mínimo es anclaría al petro y tampoco se cumplió. Aunque las expectativas siguen siendo que la situación socioeconómica de los trabajadores mejore, porque “hoy día, para muchos venezolanos no pueden comprar un kilo de carne y menos el educador”.
Por su parte, Domínguez muestra un enfoque más optimista, considerando que las circunstancias actuales de los anuncios parecen diferentes. La presidenta encargada también propuso establecer una plataforma tecnológica que garantice la transparencia en el manejo de esos recursos, asegurando que esté libre de burocracia, corrupción e indiferencia. Serán vigilados.
No obstante, el dirigente sindical, destaca que el Gobierno no debe tomar decisiones de forma unilateral, sino que estas deben ser debatidas con los trabajadores a través de sindicatos y gremios. De hacerse así, estas medidas serían mejor valoradas.
También se debe retomar la discusión de la convención colectiva -añade la presidenta de Apucla- a fin de que se puedan hacer los planteamientos formales. De manera, que las demandas siguen siendo las mismas, porque en años no se ha dado respuestas.
Seguridad social
También coinciden en la necesidad de rescatar la seguridad social. Actualmente, los trabajadores se encuentran en una situación de desprotección al no contar con una póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM). En el caso específico de los maestros, dicha póliza lleva vencida ocho años, asegura el directivo de Sinvemal.
En el ámbito universitario, es imprescindible abordar la situación con una visión de compromiso, ya que la precariedad que actualmente afecta a este sector resulta sumamente preocupante. “No contamos con seguridad social y nos encontramos desprotegidos. Cuando un profesor o un familiar se enferma, es necesario recurrir a la solidaridad colectiva, algo que no ocurría en el pasado”, enfatizó Velásquez.
Fondo para Infraestructura y servicio
Respecto al Fondo para infraestructura, el presidente del Sindicato los trabajadores del Seguro Social, Alberto Domínguez, resaltó que hace falta mucha inversión en el sector salud.
Dijo que, siempre ha denunciado a través de los medios de comunicación la situación de los centros de salud en Lara, uno de estos el Servicio Autónomo Oncológico (SAO) que ahora pasó a ser parte del Hospital Central Antonio María Pineda, y está casi listo para realizar el tratamiento de radioterapia y lo cual es muy satisfactorio, -reconoció-, pero aún falta mucho por hacer.
El dirigente sindical asegura que, en los hospitales públicos, los laboratorios no están operativos, no hay salas de rayos X, tomógrafos ni resonadores magnéticos.
Las ambulancias son muy limitadas, y en los servicios de odontología que permanecen abiertos, solo se realizan revisiones, ya que ni siquiera pueden hacer extracciones debido a la falta de anestesia. Además, el personal es insuficiente y carece de los implementos necesarios para atender adecuadamente.
En sus palabras, cree que al rescatar el salario y garantizar la seguridad social aunado a la recuperación de la infraestructura de salud y la dotación de equipos, insumos y medicamentos incentivaría al personal médico y de enfermería a retornar al país.
No obstante, Déborah Velásquez, es partidaria de invertir en los en los espacios que ya existen entre esos los Institutos de Previsión Social, que le quieran todas las asignaciones de recursos por parte del Ministerio de Educación Universitaria.
Presupuesto universitario
También, la presidenta de Apucla, opina que a las universidades se les debe asignar un presupuesto en la justa dimensión que corresponde, porque adjudican el 3 % o 2 % de lo que se requiere . El sector desconoce qué variables privan para hacer la asignación del presupuesto, destacó.
El mantenimiento de las edificaciones universitarias, es un aspecto fundamental, queda fuera del presupuesto actual, ya que no alcanza para cubrir las demandas esenciales de la institución, acota.
Pensionados y jubilados
Alberto Domínguez subrayó la importancia de atender a un sector especialmente vulnerable, como lo son los pensionados, quienes apenas reciben una pensión mensual de 130 bolívares. Recordó que en 2024 se aprobó la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social (LPPSS) con el propósito de mejorar las pensiones, estableciendo para ello un tributo especial del 9 % dirigido a las empresas privadas. No obstante, según su opinión, el Gobierno debe transparentar las cuentas y definir con claridad el destino del dinero recaudado.
Asimismo, indexar a los trabajadores jubilados en el año 2018 a quienes le pagaron un monto irrisorio por sus prestaciones sociales y el Gobierno ofreció un bono compensatorio de 10 mil bolívares, en su momento equivalía a 2.200 dólares, que nunca pagó y que a la fecha se ha devaluado a menos de 40 dólares.
Insiste en que haya una indexación para los jubilados, quienes después de haber trabajado durante tres y hasta cuatro décadas recibieron por sus prestaciones un “monto ridículo”.
Deuda universitaria
Por otra parte, la presidenta de Apucla, menciona que además el Ministerio de Educación Universitaria adeuda a las universidades el aporte correspondiente a los institutos de previsión social y cajas de ahorros.
Explicó que cuando inició el Sistema Patria ese dinero se ha retenido, mientras incrementan las demandas de las instituciones y se hacen malabarismo para mantenerla activas en función de dar respuesta a los profesores. AC
