La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha presentado una ambiciosa propuesta de ley destinada a implementar la castración química como medida punitiva para ciertos delitos sexuales. Con la medida en proceso, todo indica que pronto podría convertirse en ley en Italia.
Esta iniciativa ha desatado un intenso debate en el país, dividiendo la opinión pública entre quienes la consideran una acción necesaria para proteger a las víctimas y aquellos que la ven como una violación de los derechos humanos. Meloni y sus partidarios defienden que la castración química es una herramienta efectiva para prevenir la reincidencia en delitos sexuales graves. De hecho, citan ejemplos de otros países europeos, como Polonia y la República Checa, que ya han implementado medidas similares con resultados considerados positivos.
Además de la castración química, la propuesta incluye programas de rehabilitación y apoyo psicológico para los delincuentes, buscando abordar el problema desde múltiples ángulos. Hasta ahora, la medida ha sido aprobada inicialmente en la Cámara de Diputados.
La reciente aprobación de una moción para la creación de un comité encargado de redactar leyes relacionadas con este tratamiento sugiere que el camino hacia su legalización está casi despejado. Esta propuesta ha sido impulsada por la coalición de derecha del gobierno de Meloni, que busca proyectar una imagen de mano dura en cuestiones de seguridad.
La medida, que contempla el uso de fármacos bloqueadores de andrógenos para reducir la libido de los delincuentes sexuales, sería aplicada de manera voluntaria y reversible, con el objetivo de minimizar el riesgo de reincidencia en futuros delitos. La discusión continúa, y la sociedad italiana observa atentamente cómo se desarrollará esta controversial legislación.
