Julio José Jiménez indicó que luego de la incautación, los equipos fueron entregados a la Fiscalía Segunda del estado Barinas y enviados a una sede de la PNB en Caracas
Foto: Archivo
El venezolano Julio José Jiménez, exigió este domingo la devolución de un vehículo, una tarima y un equipo de sonido profesional que fueron usados en julio de 2024 para el cierre de campaña en el estado Barinas del entonces candidato presidencial de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, y que fueron decomisados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
A través de un video publicado por la ONG Fundehullan, Jiménez indicó que luego de la incautación, los equipos fueron entregados a la Fiscalía Segunda del estado Barinas y enviados a una sede de la PNB en Caracas.
La ONG Fundehullan agregó que el Tribunal Tercero del estado Barinas determinó que no se cometió ningún delito. Por ello, ordenó la devolución inmediata del vehículo, el equipo de sonido y la tarima, pero “la fiscalía se niega a devolverlos”.
“Exigimos al Estado venezolano el cumplimiento de la ley”
“A la fecha, la orden judicial ha sido ignorada. Exigimos al Estado venezolano el cumplimiento de la ley y la devolución inmediata de los bienes del señor Jiménez. Lo cual recordamos es su herramienta de trabajo y sustento de vida”, apuntó la organización.
Durante la campaña electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024, la oposición mayoritaria denunció constantes ataques, así como incautaciones de equipos o multas a hoteles o restaurantes que prestaron servicio tanto a González Urrutia como a la líder opositora María Corina Machado, quien recorrió el país para sumar apoyos para el exembajador.
Machado tuvo que superar cierres de carreteras para poder llegar a un acto en el estado Carabobo, mientras González Urrutia decidió viajar con su comida durante la campaña para evitar el cierre de otros restaurantes, luego de que el gobierno sancionase a un local que lo atendió en Cojedes.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció entonces un incremento en la persecución política por parte del gobierno, con ayuda de instituciones como la Fiscalía y la agencia tributaria.
