Alrededor de 40 trabajadores de la alcaldía del Municipio iribarren han sido “injusta y arbitrariamente” despedidos, o suspendidos de nómina, “en abierta violación al decreto de inamovilidad existente en el país, pero, además, en violación también al decreto de inamovilidad mundial por la existencia de la pandemia del coronavirus”.
Así lo dijo la señora Liliana Medina, una de las afectadas, al declarar a los medios de comunicación social de la localidad.
Tal denuncia fue expuesta públicamente durante una rueda de prensa en la que estuvieron presentes los representantes de los gremios que conforman el denominado Pacto Sindical Unitario del Estado Lara.
De acuerdo con lo dicho por la profesora Débora Velásquez de Valecillos, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, uno de los gremios integrantes del pacto, ”vamos a asumir la defensa gremial de estos trabajadores, que han sido injusta y arbitrariamente sacados de nómina, es decir, un despido indirecto, en abierta violación de sus derechos laborales”.
–Pero es que hay más –añadió–, y es que se hallan estos trabajadores en total estado de indefensión, ya que ellos han acudido a diversos organismos supuestamente encargados de defender de estos desafueros al ciudadano y a los trabajadores, pero ni siquiera respuestas les han dado.
Entre tales organismos, Valecillos citó la Inspectoría del Trabajo y la Defensoría del Pueblo.
–Y también se lo planteé personalmente al alcalde Luis Jonás Reyes en una oportunidad, hace ya como cinco meses, y él me dijo que estuviéramos pendientes, que habría una respuesta, pero hasta ahora no ha habido nada.
Desde el 2018
La señora Medina explicó que esta situación se inició desde el año 2018, cuando fue sacada de nómina la primera de tales trabajadores, y, poco a poco, han ido sacando de nómina a otros trabajadores más, entre empleados y obreros, “sin causa que lo justifique”.
–Por supuesto –destacó–, en donde menos respuesta hemos tenido es en la Dirección de Recursos Humanos de la alcaldía, cuya jefa, Zoila Suárez –dijo–, ni siquiera se ha dignado en respondernos.
También se encontraba allí el abogado Emmanuel Parada, quien asumió ka defensa jurídica de estos trabajadores, y dijo que agotará los recursos legales para que cese “esta situación arbitraria”.
–Incluso –recalcó–, de ser necesario, vamos a elevar una apelación por ante la comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que debe venir al país supuestamente en octubre próximo.
Reinaldo Gómez
