Cuatro sacerdotes católicos nicaragüenses fueron declarados este jueves culpables de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad, informó la Unidad de Defensa Jurídica.
Los cuatro prelados fueron declarados culpables junto a dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa (norte de Nicaragua), por la jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del Juzgado Segundo Distrito de los Penal de Managua, tras cuatro días de sesiones en un juicio que concluyó este jueves, indicó la Unidad de Defensa Jurídica, integrado por abogados que defienden a los religiosos.
La jueza declaró culpables a los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente, y al diácono Raúl Vega González.
También a los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y al camarógrafo Sergio Cárdenas.
La Fiscalía de Nicaragua pidió 10 años de cárcel y 800 días de multa para los cuatro sacerdotes, los dos seminaristas y el camarógrafo.
La jueza programó para el 3 de febrero la audiencia de lectura de sentencia.
El grupo de religiosos y laicos, junto al obispo Rolando Álvarez, fueron detenidos la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales en el palacio episcopal de la Diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados, y desde entonces se encuentran en la cárcel policial «El Chipote», oficialmente conocida como la Dirección de Auxilio Judicial, con excepción del obispo que se encuentra bajo «resguardo domiciliar».
Condenan «atropello»
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), crítico con el Ejecutivo, condenó la condena de culpabilidad a los religiosos y responsabilizó al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por ese fallo.
Según ese organismo, que catalogó los cuatro días de juicio de «tortura judicial», tanto la sentencia como la solicitud de pena «fue dictada desde El Carmen» -donde reside la pareja presidencial-, «con el afán de sembrar el terror y demostrar quien tiene el poder» en Nicaragua.
Con información de Teleprensa
