La oposición venezolana instó el viernes al gobierno de Nicolás Maduro a mantenerse en la mesa de diálogo en México y fijar lo antes posible un nuevo encuentro en momentos en que crecen las críticas del oficialismo por un supuesto incumplimiento en el desembolso de fondos para atender la compleja crisis social que atraviesa el país.
Gerardo Blyde, coordinador de la delegación opositora, resaltó en una rueda de prensa que es imprescindible que se continúe con el proceso de negociación. «Es importante para el país y para la comunidad internacional» .
Los comentarios de Blyde se produjeron tres días después de que Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, indicó que de no cumplirse el acuerdo firmado el 26 de noviembre en México “no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra”.
“Si yo pongo mi firma y pongo mi nombre en un documento, en un compromiso. Mi obligación moral, ética, espiritual, es cumplir y hacer cumplir esos acuerdos”, agregó Rodríguez, estrecho colaborador del mandatario venezolano.
Fruto de conversaciones previas a la reciente reanudación del diálogo, se firmó en la capital mexicana un acuerdo que prevé la creación de un fondo, que será manejado por Naciones Unidas. Ese acuerdo está dirigido fundamentalmente a atender los problemas sociales mediante la recuperación de activos del Estado venezolano que según el gobierno de Maduro “se encuentran secuestrados” en el sistema financiero internacional.
Maduro ha dicho que si sus adversarios abogan por la liberación de esos fondos está dispuesto a conversar sobre otros temas con la oposición.
El acuerdo se nutrirá de 3.150 millones de dólares del Estado venezolano congelados en el exterior como parte de las sanciones estadounidenses.
Blyde recordó que el acuerdo tiene una serie de reglas que ambas partes deben cumplir y destacó que en ningún momento se contempló que los recursos serían transferidos de forma inmediata al gobierno.
En ese sentido, Blyde indicó que las partes han identificado un conjunto de recursos del Estado en el exterior a los que se puede acceder de forma progresiva y que en su oportunidad estos alimentarán el fondo cuya creación se pidió a las Naciones Unidas para garantizar la transparencia en el uso de esos recursos.
Las partes retomaron el 26 de noviembre en México los diálogos suspendidos desde octubre de 2021 cuando los delegados de Maduro abandonaron las negociaciones después de que el empresario Alex Saab fue extraditado por cargos de lavado de dinero de Cabo Verde a Estados Unidos. Maduro condicionó entonces la reanudación a la liberación de Saab.
Para algunos analistas la decisión de Maduro de volver al diálogo pese a que Saab continúa detenido se debe a que estaría buscando un levantamiento de las sanciones internacionales que pesan sobre el gobierno venezolano y varios altos funcionarios, incluido el mandatario.
Las sanciones estadounidenses han minado los ingresos del país como parte de un esfuerzo que busca impedir que el gobierno socialista venezolano pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, acceder a activos internacionales de Venezuela y negociar con petróleo, oro u otros activos.
Washington, además, prohibió a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas para presionar a Maduro a dejar el poder argumentando que fue electo en 2018 en unos comicios fraudulentos.
Estados Unidos, entre otras decenas de países, reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino después de que se proclamara en 2019 como tal cuando fungía como jefe de la Asamblea Nacional.
Pero el apoyo internacional a Guaidó disminuyó significativamente con el paso del tiempo dentro y fuera de Venezuela. Sus aliados locales este mes le dieron la espalda, cesaron su gobierno interino y lo sustituyeron como líder de la Asamblea Nacional que terminó a fines de 2020 pero que todavía opera como vigilante en la sombra de la nueva legislatura dominada por los partidarios de Maduro.
Pese a ello la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos mantuvo la autorización para que los estadounidenses tengan relaciones comerciales con comisiones o personas designadas por los legisladores de la anterior Asamblea Nacional opositora.
AP
