Este lunes 4 de agosto, el expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió a la Corte Suprema recuperar su libertad mientras apela la histórica sentencia a 12 años de prisión domiciliaria que dictaron en su contra por soborno y fraude procesal.
Uribe, máxima figura de la derecha colombiana, fue condenado la semana pasada en un tribunal de primera instancia por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas.
Desde el viernes, cuando dictaron su sentencia, cumple prisión domiciliaria en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 km de Medellín. La jueza dispuso su arresto por considerar que existe riesgo de fuga.
Pero sus abogados defienden que esto no tiene sustento y pidieron el lunes a la corte suprema «el restablecimiento inmediato de la libertad» del expresidente.
Uribe, de 73 años y uno de los políticos más influyentes del país, se convirtió en el primer exmandatario colombiano condenado y privado de la libertad tras ser hallado culpable por obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares.
«Juicio politizado», afirma el exmandatario
Uribe denuncia que el juicio está politizado y bajo presiones de la izquierda, actualmente en el poder. Su partido, Centro Democrático, convocó a marchas en todo el país el 7 de agosto para defender al político, muy popular en Colombia por su lucha y política de mano de hierro contra la guerrilla.
Uribe tiene hasta el 13 de agosto para presentar por escrito los argumentos de su apelación. Luego el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, de segunda instancia, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.
Esta condena abre la puerta a otras investigaciones contra Uribe que lo vinculan con los paramilitares y sus graves violaciones a los derechos humanos en los peores años del conflicto armado.
AFP
