En una decisión de carácter urgente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un fallo este 3 de enero de 2026 para garantizar la «continuidad administrativa» del Estado. Ante lo que el tribunal califica como una agresión militar extranjera y la «imposibilidad material» del ciudadano Nicolás Maduro para ejercer sus funciones tras su captura, el máximo intérprete de la Constitución procedió de oficio para evitar un vacío de poder en medio de la crisis actual.
La sentencia se fundamenta en una interpretación de los artículos 234 y 239 de la Constitución, argumentando que el país enfrenta una situación excepcional y de fuerza mayor no prevista literalmente en la carta magna. El TSJ sostiene que es imperativo disipar cualquier incertidumbre jurídica para preservar el orden interno y la seguridad de la nación, estableciendo una «hoja de ruta» legal ante la gravedad de los hechos ocurridos en las últimas horas.
Como medida cautelar y preventiva, el TSJ ordenó que la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, asuma y ejerza de forma inmediata, en condición de Encargada, todas las atribuciones y facultades inherentes a la Presidencia de la República. El tribunal aclara que esta decisión busca asegurar la defensa integral de la nación sin calificar aún de forma definitiva si la falta del mandatario es temporal o absoluta.
La decisión ya ha sido notificada al Consejo de Defensa de la Nación, al Alto Mando Militar y a la Asamblea Nacional para su ejecución inmediata. Con este movimiento judicial, el sistema institucional vigente busca reorganizar el mando político y militar en respuesta a la intervención internacional, mientras el país se mantiene bajo un estado de conmoción tras los sucesos de este 3 de enero.
