“A partir de este lunes 1° de agosto, nos declaramos en emergencia, y anunciamos que intensificaremos las acciones de calle en busca de lograr que se respeten los derechos de los trabajadores públicos, que bastante pisoteados han sido, y que se derogue el odioso y odiado Instructivo ONAPRE”.
De esa forma se expresó la profesora Débora Velásquez de Valecillos, como vocera de un grupo de dirigentes sindicales de varios gremios de trabajadores y empleados públicos regionales y nacionales que hacen vida en el Estado Lara.
Entre tales dirigentes, además de Velásquez de Valecillos, se encontraban Julio Marín, hijo; Alberto Domínguez, Francisco Carmona, Alberto Perozo, Robert Sánchez, Héctor Mendoza, Rubén Darío Albornoz, Porfirio Carpio y Euclides Durán.
Fue enfática la dirigente universitaria en reclamar “la unificación de la lucha de los diferentes gremios y sindicatos, porque realmente tenemos conciencia de que estamos luchando contra un monstruo, como lo es este gobierno, que tiene todo el poder del mundo”.
–Pero, como lo dijo el Libertador Simón Bolívar, la constancia y la perseverancia pueden más que la opresión y que la arbitrariedad, máxime si sabemos que nosotros tenemos la razón.
Y, de una buena vez, la vocera anunció la convocatoria para otra concentración de trabajadores de los diferentes sindicatos públicos de esta entidad federal, que tendrá lugar este miércoles 3 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana, frente al rectorado de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), en la carrera 19 con la calle 7 de Barquisimeto.
El gran culpable
En un momento en que hizo uso de la palabra, Robert Sánchez, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara (SEPEEL), manifestó que, si bien “todo lo que está pasando tiene el visto bueno del presidente Nicolás Maduro, aquí hay un gran culpable”.
–Y ese gran culpable no es otro que Ricardo Menéndez, el ministro de Planificación, que fue quien le vendió al presidente toda esa “gran idea” de golpear de esta manera a los trabajadores públicos y de llevarlos a la mayor pobreza posible.
Denunció asimismo que ya prácticamente se hallan cerrados todos los caminos legales para lograr la derogación del Instructivo ONAPRE, pues “estamos cansados de introducir documentos y y de hacer diligencias por aquí y por allá desde hace ya varios años, y ningún organismo nos da respuesta”.
–Eso quiere decir entonces que no nos queda más remedio que profundizar las acciones de calle, porque parece ser que este gobierno no entiende otro idioma sino la presión de la calle.
Hacia la pobreza
Denunció que, asimismo, la Plataforma Patria es “otro invento” para llevar a la pobreza a los trabajadores, y que éstos, subsecuentemente, se acostumbren a los pagos fraccionados o a cobrar sus salarios mediante bonos, todo ello, por supuesto, ampliamente disminuido en sus montos.
–Es que el gobierno le ha declarado la guerra a los trabajadores, al extremo de que ahora ha caído en una onda confiscatoria de sus derechos y beneficios sociales, en lo que parece ser un proceso de aniquilación total.
A instancias internacionales
Expresó que, ante tal situación, muy probablemente habrá que acudir a instancias internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “para tratar de rescatar nuestros derechos conculcados”.
–Por cierto, sería bueno preguntarse por qué motivo este gobierno actúa con tanta celeridad contra los patronos del sector privado cuando hay una denuncia laboral contra ellos, pero no hace nada cuando millares de trabajadores en Venezuela estamos denunciando a este arbitrario Instructivo ONAPRE.
¿No tienen ustedes temor de que el gobierno les aplique, por ejemplo, la Ley contra el Odio, o la Ley Antiterrorista?
–Mira: Cuando uno anda con la verdad, no hay razón para sentir miedo.
Reinaldo Gómez
