Cuando el huracán Ida azotó la costa del golfo de Luisiana en agosto de 2021, Renato Decena y Rosel Hernández vieron cómo la tormenta abría un agujero en el techo de la barraca donde se refugiaban, abandonada, alegan, por su industria petrolera en alta mar. empleador mientras el huracán se acercaba.
“No podía pensar en otra cosa que hacer sino orar y orar”, dijo a The Associated Press Decena, quien según los registros judiciales trabajó para la compañía durante unos cuatro años.
Decena y Hernández son dos de los 10 trabajadores filipinos que están demandando a su ex empleador, la importante empresa de la industria petrolera en alta mar Grand Isle Shipyard, alegando que eran prisioneros virtuales en su barraca y que la empresa abandonó a Decena, Hernández y algunos de sus compañeros de trabajo allí durante la tormenta Los 10 demandantes también alegan que fueron ilegalmente mal pagados y que aquellos entre ellos que dieron positivo por COVID-19 fueron puestos en cuarentena en botes de suministro amarrados vulnerables u otras embarcaciones, a veces sin alimentos ni medicamentos adecuados.
Grand Isle Shipyard no solo niega las afirmaciones, sino que contraatacó con una contrademanda acusando a los trabajadores, cuya demanda invoca las leyes federales de trata de personas y vivienda justa, de difamación. El juez del caso desestimó las acusaciones de difamación en una orden del 20 de enero, pero dijo que la empresa podría continuar con ellas una vez que concluya la demanda de los trabajadores.
Las presentaciones judiciales en competencia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Nueva Orleans presentan puntos de vista marcadamente diferentes de la vida para los filipinos que trabajan con visas otorgadas por el gobierno federal en la empresa con sede en Luisiana.
El empleo en el extranjero de ciudadanos filipinos ha sido una parte clave de la economía de Filipinas desde el gobierno de Ferdinand Marcos en la década de 1970, según la organización no partidista de investigación y análisis, el Instituto de Política Migratoria.
Las remesas mundiales de Filipinas (dinero enviado a familiares y amigos por trabajadores filipinos empleados en el extranjero) totalizaron más de $ 36 mil millones en 2021, según datos del Banco Mundial.
“Como parte de su política de exportación de mano de obra, Filipinas ha desarrollado una importante infraestructura gubernamental para regular la migración laboral y la industria de contratación, y para gestionar las relaciones con los países receptores de mano de obra y proporcionar algunas protecciones para los trabajadores en destino”, dijo Michelle Mittelstadt, portavoz de MPI, dijo en un correo electrónico. “Dicho esto, los trabajadores extranjeros pueden ser vulnerables a condiciones abusivas en el lugar de destino, a merced de empleadores y reclutadores”.
Fuente: AP
