Tras meses de seguimiento internacional, la activista Rocío San Miguel ha salido de prisión bajo una medida cautelar que, si bien le permitió viajar a España, no implica una libertad absoluta. Su familia ha aclarado que el proceso judicial en Venezuela sigue vigente, lo que conlleva estrictas limitaciones legales. Entre las restricciones más destacadas se encuentra la prohibición de emitir declaraciones públicas o valoraciones sobre su caso, por lo que su entorno ha enfatizado que nadie está autorizado para hablar en su nombre ni atribuirle opiniones políticas o personales.
El traslado de la defensora de derechos humanos al país europeo se concretó gracias a una compleja red de mediación diplomática que involucró a los gobiernos de Venezuela y España, así como la intervención de figuras como José Luis Rodríguez Zapatero y los canales de diálogo entre Caracas y Washington. El comunicado familiar destaca que su estancia en el exterior no debe ser interpretada como un destierro, sino como el resultado de acuerdos humanitarios alcanzados para salvaguardar su integridad y permitir que continúe con su recuperación física.
En cuanto a su estado de salud, se informó que San Miguel se encuentra estable, aunque todavía requiere terapia de rehabilitación tras haber sido sometida a dos cirugías de hombro durante el año 2025. A pesar de las limitaciones de su estatus legal, el mensaje de sus allegados resuena con una petición de libertad plena para todos los detenidos por causas políticas, viendo este paso como una señal necesaria hacia un proceso de reconciliación nacional más profundo y duradero.
