El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner sobre la mesa la amenaza de invocar la Ley de Insurrección para enviar tropas federales a ciudades conflictivas, a pesar del bloqueo judicial y la oposición de las autoridades locales. La advertencia surge tras la orden de desplegar centenares de efectivos de la Guardia Nacional en Chicago (Illinois) y Portland (Oregón).
Desde el Despacho Oval, Trump defendió la medida argumentando que tiene que «asegurarse de que no mueran personas» y afirmó que usaría la Ley de Insurrección si los tribunales, gobernadores o alcaldes «nos frenaran» ante situaciones de violencia extrema. Formalmente, autorizó el despliegue de al menos 300 agentes de la Guardia Nacional de Illinois a Chicago por un plazo de 60 días, a pesar del rechazo explícito del gobernador.
Este despliegue ha provocado una fuerte controversia y acciones legales. Las autoridades de Illinois y Chicago han denunciado a la Administración Trump, calificando la movilización de tropas como «manifiestamente ilegal», «peligrosa e inconstitucional». El gobernador JB Pritzker acusó al presidente de buscar «crear violencia y caos» como pretexto para invocar la Ley de Insurrección.
Trump ha respondido calificando a Pritzker de «incompetente» y ha insistido en que su objetivo es garantizar la seguridad. Esta estrategia recuerda a incidentes anteriores, como en Los Ángeles en junio, donde el presidente barajó la misma ley en respuesta a protestas, alegando una supuesta insurrección de manifestantes contra las redadas federales.
