El presidente Gabriel Boric rindió este miércoles su primera cuenta pública ante los chilenos y destacó la política de su gobierno para devolver tierras a comunidades indígenas. Asimismo, puso fecha para algunos proyectos de ley que tratarán de impulsar los cambios estructurales que prometió en campaña.
En una ceremonia en la sede del Congreso en el vecino puerto de Valparaíso y con apenas dos meses y medio en el poder, Boric cumplió con la tradicional costumbre de dar cuenta de la gestión de su gobierno, que se hace una vez al año, y proyectó la hoja de ruta para los próximos cuatro años. Destacó que abordaría la seguridad e inflación, que están entre las principales preocupaciones de los chilenos.
Al iniciar su mensaje, que se prolongó por más de dos horas, además reiteró “las brutales consecuencias” de la guerra en Ucrania y señaló que ha sostenido conversaciones con diversos presidentes y primeros ministros como Emmanuel Macron, de Francia; Justin Trudeau, de Canadá; Boris Johnson, de Reino Unido; Jacinta Arden, de Nueva Zelanda, y con Alberto Fernández, de Argentina, “para evaluar en conjunto las consecuencias de este conflicto y promover multilateralmente la paz”.
Boric entregó su mensaje a dos semanas de decretar un estado de emergencia en cuatro de las cinco provincias de La Araucanía y el Biobío, 600 kilómetros al sur de la capital chilena, para frenar una oleada de violencia reivindicada por grupos armados en zonas donde también hay robos millonarios de madera y narcotráfico. En ambas regiones, indígenas mapuches reclaman la restitución de tierras ancestrales.
Sobre la devolución de tierras, Boric reiteró que su gobierno duplicó el presupuesto para la compra y devolución de terrenos a comunidades indígenas. “Estamos diseñando, con responsabilidad, una propuesta que nos permita resolver esta situación y que involucre a todos los actores de la zona”, destacó. Dijo que la política para devolver terrenos “debe también contemplar la habitabilidad y conectividad, agua y luz, el equipamiento y las obras que permitan a las comunidades desarrollar las actividades económicas necesarias para la subsistencia”.
Respecto a las reformas estructurales que prometió durante su campaña electoral, precisó que en agosto próximo enviará al Congreso un proyecto de ley destinado a “construir un verdadero sistema de seguridad social” que reemplace a las administradoras de los fondos de pensiones, que son privadas, y otro para crear un Fondo Universal de Salud.
En el corto plazo anunció que pondrá urgencia a un proyecto de ley “que establece el derecho a la eutanasia en Chile, mediante un proceso de consentimiento expreso, libre e informado”. Añadió que “estamos comprometidos con el derecho a los cuidados paliativos y a una muerte digna”. También impulsará una iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y durante junio ingresará un proyecto que busca una reforma tributaria para generar más recursos para cumplir con las políticas sociales que prometió.
La violencia en el sur, el aumento de la delincuencia en algunas urbes y la creciente inflación –10,5% en doce meses– afectaron la aprobación del mandatario que, según dos encuestas del fin de semana, se elevó a cerca de un 55%.
La cuenta pública del mandatario coincide con el trabajo de una Convención Constitucional que está en la etapa final del borrador de una nueva Constitución destinada a reemplazar a la impuesta por la dictadura militar, (1973-1990), si es aceptada por los chilenos en un plebiscito el 4 de septiembre. Boric, firme partidario de cambiar la Carta Magna, dijo que su gobierno “tiene el deber de garantizar que la ciudadanía se manifieste libremente en las urnas de manera informada”.
Si el proyecto es rechazado, seguirá vigente la Constitución de los militares.
