De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, el número de autorizaciones cayó de 4.275 en 2024 a solo 757 este año, una disminución del 82 % que refleja el deterioro de las relaciones bilaterales entre Puerto España y Caracas.
El Ministerio informó que solo se realizaron dos jornadas de entrega de permisos durante el año: una en marzo, con 480 documentos emitidos, y otra en junio, con 277.
Los beneficiarios podrán laborar legalmente hasta diciembre de 2025, pero miles de venezolanos quedaron fuera del proceso.
La decisión marca un retroceso frente a la política de acogida adoptada en 2019, cuando Trinidad y Tobago implementó el Marco de Registro de Migrantes, que permitió regularizar a más de 16.500 venezolanos.
Según organizaciones locales, la reducción de permisos ha dejado a numerosos migrantes en situación irregular, lo que aumenta su vulnerabilidad.
La crisis se agravó la semana pasada, cuando trascendió un memorando del Ministerio de Seguridad Nacional que ordenaba deportaciones inmediatas de inmigrantes indocumentados detenidos.
La medida provocó reacciones desde Venezuela, donde el ministro de Justicia, Diosdado Cabello, acusó al gobierno trinitense de usar la migración como “pretexto político” y alertó sobre un presunto “plan para expulsar mercenarios encubiertos”.
