Venezuela manifestó su desacuerdo este domingo 16 de marzo con la decisión de suspender la proyección de tres películas en un ciclo de cine que la embajada venezolana había organizado en la Casa de América, de Madrid.
Esta medida fue objeto de críticas por parte de autoridades locales de Madrid, y activistas y opositores, y el gobierno venezolano la calificó como un acto de «censura».
El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, afirmó que las autoridades españolas cedieron a las presiones de la derecha y censuraron la muestra cinematográfica, que estaba programada para llevarse a cabo del 17 al 24 de marzo.
Las películas que se iban a proyectar son ‘Operación Orión’ (2018), ‘Alí Primera’ (2024) y ‘La batalla de los puentes’ (2020).
Villegas indicó que los directores de estas obras ya se encontraban en Madrid para participar en el evento y en foros relacionados.
“El tiro, sin embargo, les salió por la culata: Apenas enterados de la insólita decisión, numerosos sindicatos, casas de estudios y otras instancias de la sociedad civil española se han comunicado con nuestra embajada para organizar proyecciones alternativas», agregó el ministro.
Villegas criticó a Isabel Díaz Ayuso, presidenta del gobierno madrileño, sugiriendo que su decisión fue influenciada por la derecha venezolana en España.
Sin embargo, destacó que, tras la noticia de la suspensión, varios sindicatos y organizaciones de la sociedad civil española se han ofrecido a organizar proyecciones alternativas.
León de la Torre, director de Casa América, explicó que la entidad cede su espacio a embajadas para proyectar cine, aunque expresó su preocupación por el descontento que ha generado el ciclo en la comunidad venezolana en Madrid.
De la Torre también mencionó que, en meses recientes, se han presentado también obras críticas con el gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno regional de Madrid, controlado por el Partido Popular, envió una carta expresando su firme rechazo a la proyección de las películas.
La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, calificó de «inaceptable» que una institución de diplomacia pública sirviera como plataforma para la difusión de lo que considera propaganda de un régimen dictatorial.
Además, organizaciones antichavistas y el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos habían solicitado públicamente la reconsideración de la actividad/RG.
Fuente: Versión Final
Gráfica: Archivo
