El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, ha confirmado este miércoles la liberación de la decena de militares que fueron retenidos este domingo en la provincia norteña de Imbabura, epicentro de las protestas del paro nacional indefinido convocado por las organizaciones indígenas, mientras escoltaban un convoy humanitario liderado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
«Fueron encerrados en un motel y una de las patrullas del convoy tuvo que regresar y realizar una maniobra de rescate de este personal, logrando rescatar (…) una gran parte de ese grupo (…) los 16 desaparecidos, de los cuales puedo decir ahora que (…) ya fueron recuperados, fueron entregados», ha relatado, apuntando a más de una veintena los militares «secuestrados» si bien en un principio se apuntó a un total de 17.
El ministro ha lamentado que los efectivos ahora rescatados están «muy, muy golpeados» y en este sentido ha denunciado que «estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído (…) y hasta uno de nuestros soldados que está totalmente desfigurado por el impacto de una roca y tiene fracturas maxilofaciales de todos los huesos de la nariz».
Loffredo ha informado así sobre un ataque del que ha dicho «fue uno de los más violentos», asegurando que los agentes presentes «no estaban dispersando manifestantes».
El Ejército ecuatoriano anunció este martes el rescate de cuatro de los militares retenidos, quienes formaban parte de un grupo de 50 que escoltaba un convoy humanitario con 100 vehículos militares y civiles y que fue emboscado por unas 350 personas. Por este «secuestro», el organismo ha presentado esta semana una demanda ante la Fiscalía.
Ese mismo día en Cotacachi, murió por disparos de las fuerzas de seguridad el comunero indígena Efraín Fueres, presumiblemente la primera víctima mortal del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y que este martes cumple nueve días.
La organización indígena ha denunciado «una masacre planificada, un crimen de Estado» por el uso de «balas reales, dinamita y armamento letal» por parte de los militares contra los indígenas.
