La Unión Europea reveló este miércoles 14 de septiembre que proyecta prohibir la venta de productos fabricados con trabajo forzado, como parte de un plan para combatir una forma de esclavitud de la era moderna, que de acuerdo con una agencia de la ONU afecta a 27 millones de personas.
La Comisión Europea, responsable de proponer las leyes en el bloque de 27 naciones, dijo que la política retirará de los mercados de la UE todos los productos fabricados con trabajo forzado. La medida también impedirá que estos bienes se comercialicen dentro del bloque o que pasen a través de él.
La medida no apunta hacia empresas, industrias o países en particular.
“Nuestro objetivo es eliminar de la UE todos los productos fabricados a partir de trabajos forzados, independientemente de dónde se produjeron. Nuestra prohibición aplicará a productos nacionales, exportaciones e importaciones por igual”, declaró el vicepresidente de la Comisión Ejecutiva, Valdis Dombrovskis.
El brazo ejecutivo de la UE define el trabajo forzado como una situación donde una persona es coaccionada para trabajar a través de la violencia o la intimidación, o en formas más indirectas, por ejemplo, manteniéndolas endeudadas, cuando les roban sus papeles de identidad o las amenazan con denunciarlos a las autoridades.
Según los planes, la comisión establecería y operaría una base de datos pública que contenga información sobre prácticas y productos sospechosos. Los países de la UE designarían una autoridad para hacer cumplir las normas y los funcionarios de aduanas tendrían la responsabilidad de garantizar el cumplimiento en las fronteras del bloque.
El objetivo es centrarse en productos de alto riesgo. Se iniciarían investigaciones si las autoridades nacionales creen que se puede haber utilizado trabajo forzado. Los casos sospechosos que involucren a operadores más grandes que fabrican la mayoría de los productos serían el objetivo preferido, en lugar de las pequeñas empresas.
Si un producto fabricado con trabajo forzado ya se vende en la UE, la empresa involucrada deberá retirarlo del mercado y deshacerse de él. Si la empresa se niega, enfrentará sanciones según la ley del país en el que opera.
La principal organización laboral europea, la Confederación Europea de Sindicatos, acogió con satisfacción los planes.
La Organización Internacional del Trabajo calcula que en 2021 alrededor de 27,6 millones de personas estaban en condiciones de trabajo forzado, entre ellos 3,3 millones de menores de edad. Las mujeres y las niñas representaban 11,8 millones de esa cifra. Los textiles, la minería y la agricultura se encuentran entre las industrias más notorias por esta práctica.
