La universidad introduce el debate sobre verdad, justicia y memoria en el horizonte de una eventual transición venezolana. “La convivencia democrática exige memoria y justicia para las víctimas”
Plaza del rectorado, Universidad Central de Venezuela. Foto: José Gregorio Meza
El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela aprobó una declaración que coloca la memoria en el centro del debate sobre la reconciliación. Considera que no puede construirse sobre el olvido ni sobre la negación de responsabilidades, que debe fundarse en la reconstrucción rigurosa de los hechos y en la identificación de los responsables. Advierte, además, que el olvido no puede aplacar el resentimiento de las víctimas y sus allegados.
La formulación introduce una discusión que muchas sociedades solo enfrentan cuando el cambio político está en marcha. El voto negativo del representante del Ministerio de Educación Universitaria, el licenciado Ciro León, dejó constancia de la fractura política que encierra la consigna reconciliación y paz del gobierno interino.
La discusión sobre cómo lidiar con el pasado reciente y con las responsabilidades que surgen de ese pasado se han pospuesto, ha ocupado menos espacio o casi ninguno. La atención se ha puesto en la liberación de todos los presos políticos, que no es poco, pero la declaración de la Casa que Vence las Sombras recupera el foco. No es que me liberas y me olvido. No. La reconciliación exige reconstrucción rigurosa de los hechos y colocar en el centro del debate el problema de la memoria histórica.
La UCV introduce una pregunta cualquier sociedad que atraviese una profunda crisis institucional debe enfrentar: qué hacer con lo ocurrido, con las torturas, los asesinatos, las desapariciones forzadas y los 30 años de cárcel por protestar por la carestía de las medicinas.
El documento no utiliza el lenguaje de la retórica política cotidiana sino el que pertenece a la investigación histórica y jurídica. La frase “reconstrucción rigurosa de los hechos” evoca procesos de documentación, comisión de la verdad, verificación y análisis de responsabilidades. No es casual.
En los procesos de transición política, la reconstrucción de los hechos es el punto de partida para establecer políticas de memoria y justicia. El Consejo Universitario de la UCV considera que ese proceso no puede ser sustituido por el silencio acomodaticio o la amnesia selectiva.
La frase “el olvido no puede aplacar el resentimiento de las víctimas” introduce una dimensión ética, cívica y humana. Las víctimas de abusos institucionales, violaciones de derechos ciudadanos o esenciales no desaparecen cuando se firma un acuerdo político o cuando se declara cerrado un ciclo histórico. Permanecen en la memoria colectiva. En muchas experiencias internacionales, ignorar esa dimensión ha producido frustración social y tensiones políticas duraderas. El documento se adelanta y fija con claridad que la reconciliación requiere reconocer lo ocurrido antes de intentar superarlo, pasar la página.
El Helicoide: memoria de la represión
El edificio conocido como El Helicoide se ha convertido en uno de los símbolos más persistentes de la represión política en Venezuela durante las últimas décadas. Concebido originalmente en los años cincuenta como un ambicioso proyecto arquitectónico, que incluía centro comercial y de exposiciones, el nunca se completó y terminó siendo ocupado por damnificados de las lluvias. Con la llegada del chavismo y el socialismo del siglo XXI, el edificio dejó de ser una curiosidad inconclusa de la Venezuela petrolera para convertirse en sede de organismos policiales y de inteligencia, cárcel de los primeros adversarios del régimen.
Las organizaciones de derechos humanos han documentado que en sus instalaciones han permanecido detenidos centenares de opositores, militares disidentes, periodistas y activistas sociales. Informes elaborados por organizaciones internacionales han recogido testimonios de detenidos que describen interrogatorios violentos, aislamiento prolongado y condiciones de reclusión degradantes, sin electricidad, ventilación natural, luz del sol ni servicios sanitarios.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, incluyó El Helicoide entre los centros de detención señalados por violaciones graves de derechos humanos. Sus informes han recopilado testimonios de víctimas y exfuncionarios que describen tortura, tratos crueles y detenciones arbitrarias.
Ante la eventual apertura de un proceso de transición política luego de la incursión militar estadounidense, la captura de Nicolás Maduro y la instalación de un interinato tutelado por Washington que anuncia transición política, el destino del edificio es parte de una discusión sobre memoria histórica.
En países que atravesaron periodos de represión, los centros de detención clandestina fueron preservados como lugares de memoria. En Argentina, por ejemplo, la Escuela de Mecánica de la Armada fue transformada en un espacio dedicado a documentar los crímenes de la dictadura militar. En Chile, instalaciones utilizadas por los organismos de seguridad de Augusto Pinochet fueron convertidas en museos y centros de investigación.
En Venezuela algunos investigadores y defensores de derechos humanos han planteado que El Helicoide podría cumplir una función similar. Un espacio de memoria para las víctimas y como centro de documentación sobre lo ocurrido en los últimos 27 años de ausencia de democracia y de derechos humanos. Los lugares donde ocurrieron violaciones de derechos humanos tienen un significado particular en los procesos de memoria colectiva. Evitan que los hechos se pierdan en el olvido.
El debate entre memoria y estabilidad no ha sido excluido en procesos de transición política después del fin de regímenes autoritarios o de conflictos internos. Algunos optaron por tribunales que juzgaron a responsables de violaciones de derechos humanos. Otros establecieron comisiones de la verdad encargadas de documentar abusos y reconstruir la memoria colectiva. También hubo casos en los que se aprobaron amnistías parciales o acuerdos políticos que privilegiaron la estabilidad institucional inmediata sobre la justicia plena.
Cada sociedad construye su camino. En Argentina, derrocada la dictadura militar, se desarrolló un proceso judicial que terminó con condenas a responsables de crímenes de Estado. En Chile, después de Pinochet, se establecieron comisiones de la verdad que documentaron violaciones de derechos humanos mientras el sistema político avanzaba hacia la transición democrática. En Sudáfrica, el final del apartheid condujo a la creación de una comisión de verdad y reconciliación que combinaba reconocimiento de los hechos con mecanismos de perdón condicionado.
La declaración aprobada por la UCV no propone un modelo específico para el país. Tampoco plantea fórmulas jurídicas concretas para abordar el pasado. Su propósito es establecer un principio normativo que oriente el debate nacional: la reconciliación no puede construirse sobre el olvido.
Al fijar esa idea, la universidad introduce una referencia ética en un contexto donde el debate público suele centrarse en cálculos políticos o estrategias de poder. La intervención adquiere un significado particular porque proviene de una institución con una larga tradición en la vida intelectual y política del país.
En la Universidad Central de Venezuela se formaron generaciones de profesionales, científicos y dirigentes públicos. Desde mediados del siglo XX, la Ciudad Universitaria diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva como un proyecto que integraba arquitectura, arte y vida universitaria en un mismo espacio, se convirtió en un símbolo de modernización cultural y educativa. También desempeñó un papel relevante luego del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. La institución se consolidó como uno de los centros de debate intelectual más importantes del país.
La tradición convierte el pronunciamiento institucional en algo más que una declaración administrativa, o de trámite. El documento incluye un detalle político significativo. El voto negativo del representante suplente del Ministerio para la Educación Universitaria. Al registrar explícitamente el desacuerdo del representante del Ejecutivo, algo que no hicieron lo diputados que se opusieron a la Ley de Amnistía recientemente promulgada, el documento subraya la autonomía de la universidad frente al poder estatal. Reafirma su derecho a expresar una posición propia en un debate que trasciende el ámbito académico.
La autonomía ha sido uno de los principios fundamentales del sistema universitario venezolano. Significa que las universidades poseen capacidad para gobernarse a sí mismas y preservar la libertad de pensamiento frente a presiones políticas. A lo largo del siglo XX ese principio fue defendido como una condición necesaria para la existencia de una vida académica crítica.
En el contexto de reconstruir la convivencia, la declaración del Consejo Universitario puede leerse como una reafirmación de una tradición institucional. Los procesos de reconciliación nacional no son lineales ni sencillos. Implican debates complejos sobre responsabilidad política, reparación a víctimas y reconstrucción institucional. Requieren tiempo, deliberación pública y participación de múltiples actores sociales.
La declaración de la UCV se inscribe dentro de las responsabilidades de las instituciones académicas: definir principios para la vida pública. No pretende sustituir a los actores políticos ni establecer decisiones de gobierno, introduce un marco ético para pensar el futuro al establecer que la reconstrucción institucional no puede separarse de una relación honesta con el pasado.
Documentar lo ocurrido durante periodos de crisis institucional de casi tres décadas requerirá investigación sistemática, recopilación de testimonios y análisis de archivos. Las universidades poseen recursos intelectuales y metodológicos —historiadores, juristas y científicos sociales— que puede contribuir a la reconstrucción rigurosa de los hechos y la reconstrucción de la memoria histórica. Una tarea política y también académica.
La preocupación de la UCV no se limita a la coyuntura actual, abarca también las condiciones que permitirán reconstruir la convivencia en el futuro cercano. Ha habido fracturas profundas. Emigración masiva, polarización política con exclusión, violencia institucionalizada y deterioro económico y sanitario han afectado a millones de personas. La reconstrucción de la convivencia requerirá algo más que acuerdos políticos entre élites, facciones ideológicas o grupos de interés. Implicará procesos de reconocimiento, memoria y reparación simbólica que permitan reactivar la confianza entre los ciudadanos.
La reconciliación no consiste simplemente en cerrar una etapa histórica, requiere incluir una dimensión moral: reconocer lo ocurrido y asumir responsabilidades frente a quienes resultaron afectados.
Derrumbar el miedo y el terror, no la memoria
Las sociedades que han logrado superar conflictos profundos suelen preservar la memoria de lo ocurrido. Museos, archivos, informes históricos y conmemoraciones públicas. El objetivo no es perpetuar el conflicto, sino que los abusos del pasado no se repitan. La memoria colectiva es un componente esencial del sistema democrático.
El documento de la UCV establece un punto de partida. La universidad ha colocado sobre la mesa que reconciliación no será duradera si se construye sobre el silencio o la negación de responsabilidades. El país requiere instituciones nuevas, acuerdos políticos y recuperación económica, pero también una relación honesta con la verdad histórica.
La reconciliación requiere una narrativa común sobre lo ocurrido, identificar responsabilidades y reconocer a quienes fueron afectados por los abusos del poder. Si se omite ese proceso o se sustituye por una política de silencio, las heridas sociales permanecen abiertas y reaparecen en la vida política.
La reconciliación entre venezolanos no puede edificarse sobre la negación de los hechos ni sobre el olvido impuesto. La convivencia democrática exige una relación honesta con la verdad histórica. Al afirmar que la reconciliación requiere memoria y responsabilidad, la UCV recuerda que el futuro no se construirá simplemente pasando la página, sino entendiendo lo que ocurrió antes de empezar a escribir la siguiente.
De La Rotunda a El Helicoide: memoria u olvido
Después de la muerte Juan Vicente Gómez, Venezuela vivió una escena de liberación. Durante décadas, las cárceles del régimen habían sido sinónimo de tortura, encierro arbitrario y castigos físicos a los opositores. En La Rotunda, en Caracas, y el castillo Libertador, en Puerto Cabello, presos políticos permanecieron encadenados con pesados grillos de hierro. Cuando el régimen terminó, esos instrumentos de castigo se convirtieron en símbolos materiales del terror que utilizó el gomecismo.
En Puerto Cabello, los grillos que habían mantenido encadenados a los prisioneros, muchos estudiantes de la UCV que participaron en las protestas de 1928, fueron arrojados al mar como acto simbólico de ruptura con el pasado. La escena fue interpretada como una forma de purificación política: expulsar al mar los instrumentos de la tiranía para que no siguieran marcando la vida nacional. La consigna atribuida al poeta Andrés Eloy Blanco resumía ese momento histórico: los grillos del cuerpo habían sido arrojados al agua, ahora correspondía liberar también la conciencia del país.
Ese mismo espíritu se reflejó en la demolición de la cárcel de La Rotunda, el principal símbolo de la represión gomecista en Caracas. El edificio fue derribado y en su lugar se construyó la Plaza La Concordia. El mensaje político era claro: el país debía avanzar hacia una etapa distinta y dejar atrás los espacios materiales que recordaban la violencia del régimen anterior. La memoria del terror no sería preservada en un edificio; se transformaría en un espacio público que simbolizara reconciliación.
La decisión respondía a la lógica política de la época. Demoler la cárcel era una forma de declarar que el país iniciaba un tiempo distinto. El recuerdo de la represión quedaría en la memoria de quienes la vivieron, pero no en la arquitectura de la ciudad.
La Rotunda y El Helicoide reflejan dos momentos distintos en la forma de entender la memoria histórica. En los años treinta, el país creyó que la mejor manera de cerrar la etapa de la dictadura era eliminar sus símbolos físicos. Hoy muchas sociedades consideran que esos lugares deben preservarse precisamente para impedir que olvidemos defender el sistema democrático y la libertad.
