Este jueves 12 de marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFMV) presentará en Ginebra su actualización oral
Los ojos de la comunidad internacional se posan hoy sobre Ginebra. Imagen realizada con Nano Banana
Un pedazo de papel arrugado, con nombres escritos a bolígrafo y tachaduras que el tiempo ha vuelto borrosas, es el único mapa de la desesperación en las puertas de El Helicoide. No hay pantallas LED anunciando liberaciones ni decretos que vacíen los pasillos. En la Venezuela de esta “tensa calma” de marzo de 2026, la transición parece haberse detenido en seco frente a los barrotes. Los rostros en los despachos ministeriales habrán cambiado tras los eventos de enero, pero quienes custodian las rejas y firman los retardos procesales son, en esencia, los mismos que convirtieron la detención en una herramienta de arquitectura política.
Este jueves 12 de marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFMV) presentará en Ginebra su actualización oral. El dato es terco: todavía alrededor de 800 ciudadanos, según las cifras de diversas ONG, permanecen tras las rejas por motivos políticos. Para los expertos de la ONU, el cambio de guardia en Miraflores no ha significado un cambio de métodos en las mazmorras.
La amnistía de cristal
Un punto de atención en Ginebra será la Ley de amnistía para la convivencia democrática. El texto, ya sancionado por la Asamblea Nacional, es visto con un recelo clínico por la Misión. El temor es que la ley no sea una puerta, sino un tamiz: un instrumento diseñado para beneficiar a figuras de alto perfil mientras deja en el olvido a los cientos de civiles triturados por expedientes de “terrorismo” fabricados bajo coacción.
La advertencia de la ONU es clara: una amnistía que no desmonte los procesos amañados en tribunales militares o que ignore a quienes sufrieron torturas en centros como Tocorón y Tocuyito, es simplemente un barniz de impunidad. En Ginebra saben que la justicia no se negocia por cuotas de gobernabilidad.
El camuflaje del poder
Lo que más inquieta del reporte que se conocerá este jueves es la continuidad del sistema. La “Operación Resolución Absoluta” de enero pudo haber descabezado la cúpula, pero la estructura judicial y de inteligencia —esa que la Resolución 57/36 ha documentado con minuciosidad— sigue operando bajo la misma inercia. Los jueces que validaron detenciones arbitrarias y los fiscales que ignoraron rastros de maltrato físico permanecen en sus puestos, mimetizados con el nuevo paisaje político.
Para la Misión, esta permanencia es el mayor obstáculo para una reconciliación genuina. El mandato de los expertos, extendido hasta octubre de 2026, garantiza que el escrutinio sobre las ejecuciones extrajudiciales y la actuación de los “colectivos” no se detenga, incluso si los nuevos actores del poder intentan proyectar una imagen de normalidad institucional ante el mundo.
El silencio de los cerrojos
La transición venezolana se juega hoy su credibilidad en el destino de esos 800 presos políticos. En las prisiones venezolanas persiste el hambre, el nulo acceso a la salud y el aislamiento. No hay planes claros de excarcelación masiva, solo un silencio administrativo que confirma que la libertad sigue siendo un rehén del pragmatismo.
Al final, la última palabra no la tendrá el discurso político en Caracas, sino el sonido de los cerrojos abriéndose de verdad. Un país que intenta renacer con 800 ciudadanos presos por su conciencia es un país que solo ha cambiado de fachada, pero que conserva intactas sus sombras. La paz social de 2026 no se firma con tinta si el papel sigue manchado por el arbitrio de los mismos de siempre.
