Un tribunal de Argentina está estudiando la solicitud de la expresidenta del país Cristina Fernández de cumplir los seis años de condena por corrupción en su domicilio de Buenos Aires, una decisión para la que ha ordenado la elaboración de un informe socioambiental.
El juez Jorge Gorini está examinando esta petición formulada por los abogados de Fernández, que han defendido en su escrito, al que ha tenido acceso el diario ‘Página12’, que «la prisión domiciliaria es una medida adecuada para garantizar el cumplimiento de la pena sin afectar la dignidad ni las condiciones humanas de los solicitantes y que, de manera alguna, ello significa un privilegio personal ni mucho menos implica la impunidad del condenado».
La defensa de la exmandataria ha alegado su edad –Fernández tiene 72– para solicitar esta medida, puesto que, es «una obligación estatal (…) velar por la seguridad de quienes ejercieron en el pasado la titularidad del Poder Ejecutivo».
«Los expresidentes de la Nación cuentan con un servicio de seguridad específico, a cargo de la División Custodia de exmandatarios de la Policía Federal», señala el documento, si bien advierte de que la actual líder del Partido Justicialista (PJ) perdería esta protección si entra en un centro penitenciario.
La expresidenta y sus abogados esperan que el magistrado se exprese antes de que venza el plazo de cinco días hábiles que él mismo estableció para entregarse a las autoridades y ser detenida, una orden que ha mantenido rechazando así la petición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que solicitaron detención inmediata tanto para Fernández como para el resto de los ocho condenados en la misma causa.
