Irán anunció el sábado la ejecución de un ciudadano británico-iraní que en su día ocupó un alto cargo en su Ministerio de Defensa, a pesar de las advertencias internacionales para suspender su condena a muerte, lo que elevó aún más la tensión con Occidente en medio de las protestas que sacuden el país desde hace meses.
El ahorcamiento de Ali Reza Akbari, un estrecho aliado del máximo responsable de la seguridad iraní, Ali Shamkhani, sugiere una lucha de poder dentro de la teocracia que rige el país mientras trata de contener las manifestaciones provocadas por la muerte de Mahsa Amini en septiembre. Además, recordó a las purgas masivas de militares tras la Revolución Islámica de 1979.
La muerte de Akbari enojó de inmediato a Gran Bretaña, que junto a Estados Unidos y otros países, ha sancionado a Teherán por su gestión de las protestas y por suministrar a Rusia los drones cargados con explosivos con los que Moscú está atacando a Ucrania.
“Este ha sido un acto cruel y cobarde, perpetrado por un régimen bárbaro que no respeta los derechos humanos de su propio pueblo», dijo el primer ministro británico, Rishi Sunak.
El secretario de Exteriores, James Cleverly, convocó al agregado de negocios de Irán en Gran Bretaña y, por separado, advirtió que “Esto no quedará sin respuesta”.
La agencia noticiosa iraní Mizan, vinculada al poder judicial del país, anunció la muerte de Ali Reza Akbari en la horca sin decir cuándo ocurrió. Se rumoreaba que habría sido ejecutado hace días.
Irán acusó a Akbari, sin ofrecer pruebas, de proporcionar información al Servicio Secreto de Inteligencia británico, conocido como MI-6. En un amplio comunicado, el poder judicial iraní afirmó que Akbari recibió grandes sumas de dinero, la ciudadanía británica, y otras ayudas en Londres a cambio de su colaboración.
Desde hace mucho tiempo, la República Islámica acusa a quienes viajan al extranjero o tienen vínculos con Occidente de espionaje, a menudo para utilizarlos como moneda de cambio en negociaciones.
Se cree que Akbari, que dirigía un centro de estudios privados, fue detenido en 2019, pero los detalles de su caso no se conocieron hasta hace unas semanas. Los acusados de espionaje y de delitos relacionados con la seguridad nacional suelen ser juzgados a puerta cerrada y, según los grupos de derechos, no pueden elegir a sus abogados y no se les permite ver las pruebas en su contra.
La televisora nacional iraní emitió un video muy editado en el que Akbari hablaba de las acusaciones, similar a otros que los activistas han descrito como confesiones forzadas.
El servicio de la BBC en farsi hizo público el miércoles un mensaje de audio de Akbari en el que describía las torturas que sufrió.
“Utilizando métodos fisiológicos y psicológicos, quebraron mi voluntad, me condujeron a la locura y me obligaron a hacer lo que querían”, afirmaba Akbari. “A fuerza de armas y amenazas de muerte me hicieron confesar afirmaciones falsas y corruptas”.
Irán no comentó las acusaciones de tortura. Por su parte, el máximo responsable de derechos humanos de Naciones Unidas advirtió al país contra la “militarización” de la pena de muerte como medio para sofocar las protestas.
El viernes, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, criticó la ejecución pendiente de Akbari.
“Los cargos contra Alireza Akbari y su condena de muerte tienen motivaciones políticas. Su ejecución sería inconcebible”, afirmó el portavoz. “Nos inquietan enormemente los reportes que indican que el sr. Akbari fue drogado, torturado durante su detención, interrogado durante miles de horas y obligado a hacer confesiones falsas”.
“En términos más generales, las prácticas iraníes de realizar detenciones arbitrarias e injustas, confesiones forzadas y ejecuciones por motivos políticos son completamente inaceptables y deben terminar”, agregó.
Irán es uno de los países donde más se aplica la pena de muerte, pero no estaba claro cuándo fue la última vez que ejecutó a un alto cargo de defensa, en activo o retirado. En 1984, ejecutó al jefe de la Armada, el almirante Baharam Afzali, y a otros nueve militares acusados de espiar para la Unión Soviética.
La República Islámica lleva meses tratando de denunciar — sin ofrecer evidencia — que países extranjeros han fomentado los disturbios que paralizan el país desde la muerte de Amini tras haber sido detenida por la policía de la moral. Los manifestantes dicen estar enojados por el colapso económico, la dureza con la que actúa la policía y el arraigado poder del clero islámico.
