Fiscales demandan plan de Joe Biden de dar visas a migrantes de Cuba y Venezuela
Los fiscales generales de veinte estados de Estados Unidos presentaron, el martes 24 de enero, una demanda contra el plan del gobierno del presidente, Joe Biden, de conceder 30.000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están «sobrecargadas».
Y subrayaron que con esta iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios.
La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el DHS y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio, y sus responsables.
Los fiscales generales estatales han reaccionado así al anuncio de comienzos de este mes del Gobierno de Biden de que iba a aceptar a más de 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, ampliando así un programa que ya existía para los venezolanos desde octubre.
En su demanda, los fiscales argumentaron que ese plan perjudica a varios estados, como Texas, «que se gasta cantidades significativas de dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales, debido a las violaciones del gobierno federal al rechazar aplicar la ley federal».
También pusieron el ejemplo de Florida, que, alertaron, «quedará perjudicada de forma irreparable» por este programa, porque ya se gasta «recursos estatales significativos» para proporcionar servicios a los migrantes indocumentados que acoge.
A su juicio, el plan del gobierno federal debería ser declarado ilegal porque con él los demandados han excedido su autoridad para conceder este tipo de visados, y, además, no han tenido en cuenta si existe la capacidad para expulsar a los beneficiarios del programa una vez que se agote el permiso de dos años para estar en Estados Unidos.
