El exfuncionario venezolano George Semerene Quintero, de 60 años, se declaró culpable este martes de conspirar para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) por su participación en un plan destinado a evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Durante una conferencia de prensa, el fiscal federal Markenzy Lapointe, del Distrito Sur de Florida, declaró: “Hoy, George Semerene Quintero admitió que conspiró para eludir las sanciones económicas y los controles de exportación para ayudar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a obtener piezas críticas de aviones de los Estados Unidos”. Lapointe subrayó el compromiso del Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes violan las sanciones y de hacer cumplir los controles de exportación para proteger la seguridad nacional.
El Fiscal General Adjunto, Matthew G. Olsen, también se pronunció sobre el caso, afirmando que la condena de Semerene refleja el compromiso del Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes buscan evadir las sanciones. “Este acusado admitió haber participado en un plan ilícito para adquirir millones en equipos de aviación para el régimen de Maduro”, agregó.
Según documentos judiciales, entre enero de 2019 y diciembre de 2021, Semerene y sus cómplices idearon un plan para adquirir ilegalmente piezas de aeronaves en Estados Unidos, violando las sanciones y controles de exportación. Semerene, quien trabajaba en el departamento de adquisiciones de PDVSA, ocultó a las empresas estadounidenses que las piezas solicitadas estaban destinadas a Venezuela.
El Departamento de Justicia explicó que Semerene y sus cómplices utilizaron a terceros en otros países, como Novax Group SA y Aerofalcon SL, para actuar como supuestos compradores de las piezas de aeronaves destinadas a PDVSA. La acusación formal contra Semerene y otros nueve coacusados fue revelada en abril, tras su arresto al llegar a Estados Unidos.
Semerene enfrentará una sentencia el 5 de noviembre y podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión por sus acciones. Este caso resalta la continua lucha de Estados Unidos contra la evasión de sanciones y el apoyo al gobierno de Maduro.
