Con los centros electorales desiertos durante el domingo y la indiferencia del electorado, el chavismo ha declarado una victoria poco palpable en el referéndum sobre el diferendo con Guyana por el Esequibo (una región selvática) y Nicolás Maduro ha afirmado que comienza una nueva etapa en el país. “Vamos a recuperar y hacer justicia con la fuerza de todos”, dijo el presidente venezolano este lunes cuando recibió del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, los resultados del proceso, que cambiaron en unos miles de votos con respecto a los anunciados la noche del domingo. Maduro ha asegurado que el referéndum es vinculante, aunque así no fue convocado, y está por verse cómo avanzará hacia el cumplimiento de lo planteado.

Más allá de los números, el Gobierno busca tener un respaldo popular para desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que Guyana adelanta su defensa sobre la región del Esequibo en esta disputa territorial. Sin embargo, el Supremo ya había decidido en una sentencia previa a este referéndum que Venezuela no acataría decisiones o actos de instancias internacionales sobre lo que considera su territorio. No está claro si Venezuela abandonaría completamente la defensa del caso ante esta instancia de la ONU, algo que aislaría aún más al país, o si se seguirá asistiendo a las audiencias y presentará la contramemoria prevista en abril de 2024 en un proceso judicial que está lejos de resolverse.

Cómo hará cumplir el Gobierno los planteamientos del referéndum es la principal incertidumbre ahora. La propia CIJ advirtió a Venezuela el pasado viernes de que no haga nada que modifique el estatus del territorio ―de 160.000 kilómetros cuadrados y rico en petróleo y minerales― que de facto administra Guyana, mientras se decide la controversia de los límites. El domingo, los venezolanos que votaron a favor de la postura del Gobierno aprobaron que cree el Estado Guayana Esequiba y ejecute “un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana”. Esto ha sido interpretado en algunos sectores como una amenaza de anexión de un territorio en el que viven unas 125.000 personas que tienen ciudadanía guyanesa y son angloparlantes en su mayoría. “No sabemos si Venezuela se va a limitar a hacer gestos simbólicos con eso de crear el territorio Esequibo y nombrar autoridades simbólicas y si eso puede ser visto como una agresión por Guyana, o si pretenden utilizar algún mecanismo por la fuerza”, señala el abogado Alí Daniels, de Acceso a la Justicia.

Una pretensión de este tipo podría llevar a Guyana a ubicar el conflicto en el terreno del Consejo de Seguridad de la ONU e incluso podría abrirle camino a una nueva demanda contra Venezuela en el Tribunal Penal Internacional, donde está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad, advierte Daniels. “Una situación de conflicto no requiere que haya acción bélica. Puede ser una movilización de barcos, una expresión de control territorial de las aguas, que podría ser considerado como agresión y generar una escalada que nadie quiere”. Guyana ha otorgado concesiones petroleras en las aguas concernientes a la costa del territorio en disputa. En 2018, la Armada venezolana ya interceptó un buque de Exxon Mobile que navegaba por las aguas en disputa y elevó el tono de las tensiones diplomáticas en ese momento.

En el plano internacional, Venezuela tiene la cuerda muy corta frente a Guyana, que retiene los apoyos no solo de Estados Unidos y el Reino Unido, sino también del Caricom (Comunidad del Caribe), Cuba y China, que, aunque en otros terrenos son aliados de Venezuela, históricamente han dado su respaldo a Guyana en este conflicto territorial.

El paso que ha dado el chavismo abre un nuevo frente que tiene menos que ver con la soberanía y la geopolítica internacional que con su posición interna frente a unas presidenciales que ya están a la vuelta de un año. Maduro no logra remontar del piso de 15% de apoyo popular —según datos de encuestadoras como Delphos—, que lo ha mantenido en un largo peor momento de su gestión. Las elecciones, que deberían celebrarse en el segundo semestre de 2024, según lo firmado en los acuerdos de Barbados con la oposición, sobre las que está siendo presionado en las negociaciones por la comunidad internacional para cumplir unas mínimas garantías democráticas, suponen en este momento la mayor amenaza para su estabilidad y permanencia en el poder. Por ello, un escenario de conflicto, como han sostenido diversos analistas, serviría de contexto para declarar un estado de emergencia que le permita al Gobierno postergar esas elecciones. “Esto es un asunto más de política interna que externa, porque en seis meses no va a tener una decisión en la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo, pero lo que sí van a tener son las elecciones. En vista del fracaso que ha tenido el referéndum [la participación fue cercana al 50%], pueden usarlo con fines diferentes a la defensa de la soberanía”, agrega Daniels.

Este referéndum también ha puesto a prueba a las nuevas autoridades del CNE, cambiadas intempestivamente en agosto, sacrificando la conformación más plural que se había logrado en mucho tiempo, producto de las negociaciones. Son las autoridades que en un primer boletín la noche del domingo hablaron de una “abrumadora victoria” con 10,5 millones de votos que irían en aumento porque pasadas las diez de la noche aseguraron que todavía seguían votando los venezolanos. Horas después, en declaraciones de Amoroso, presidente del CNE, se aclaró que fueron 10.431.907 venezolanos los que votaron, una diferencia que aviva la desconfianza que han tenido sectores opositores sobre la credibilidad de la institución que ahora tiene la tarea de organizar las presidenciales de 2024. Una discrepancia que también se estrella contra el registro histórico del partido del Gobierno, que nunca ha sacado más 10 millones de votos y que tampoco logró, en este caso, la esperada fotografía de las filas de gente en los centros de votación en contraposición a las primarias opositoras del mes pasado, cuya movilización de 2,4 millones de personas sorprendió a los propios organizadores y descolocó al chavismo.

En 2018, el propio Maduro se reeligió con seis millones de votos, en unos comicios adelantados, con los principales candidatos opositores inhabilitados y que no fueron reconocidos por la comunidad internacional, la semilla del largo conflicto institucional que ha atravesado Venezuela los últimos años. Los votos desagregados de la consulta sobre el Esequibo no han sido divulgados, como también ocurrió con las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, con las que se creó un Parlamento paralelo al que conquistó la oposición, un proceso en el que chavismo también participó prácticamente solo.

La ausencia de datos sobre el porcentaje de abstención también hace crecer las dudas. El dirigente opositor Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial, la misma noche de los resultados también cuestionó la cifra dada por Amoroso y aseguró que la participación fue de 2,1 millones de electores. “No se atrevió a decirlo (…), eran 5 votos por elector”, escribió, una multiplicación con la que tendrían sentido los primeros 10,5 millones de votos que fueron reportados por las autoridades electorales.