La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, ha elevado una acción de amparo ante el Poder Judicial, buscando la anulación de la decisión del Congreso que aprobó su vacancia por «incapacidad moral» el pasado 10 de octubre. Esta medida judicial no solo busca restaurar su posición sino también sentar un precedente contra las destituciones presidenciales aceleradas.
El abogado de Boluarte, Joseph Campos, ha argumentado que el proceso fue una «vacancia exprés», llevada a cabo en 56 minutos y de madrugada, lo que impidió un debate adecuado y una defensa material conforme a la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. «Lo que merecía un debate para quitarle al presidente, a un elegido, era necesariamente un día, con tiempo que la población lo vea y no de madrugada», señaló Campos a RPP. Boluarte optó por no asistir, basándose en el consejo legal de que habría sido una clara situación de indefensión.
El objetivo central de este amparo es doble: evitar que se repita una «vacancia exprés» en futuras gestiones presidenciales sin el debido respeto a los derechos fundamentales, y lograr que se reconsidere o elimine la ambigua figura de la «incapacidad moral» como causal de destitución.
La destitución de Boluarte se produjo con un amplio respaldo del Congreso, citando su supuesta incapacidad para manejar la inseguridad nacional. A esto se suma la investigación en curso que la vincula a su partido, Perú Libre, por presunto uso de fondos de origen desconocido en la campaña electoral de hace cuatro años. Este recurso judicial abre un nuevo capítulo en la compleja crisis política peruana.
