Cuba lleva a referendo este domingo el Código de las familias, un paquete legislativo que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada, en una votación inusual, controvertida y de resultado incierto.
El ejercicio pretende ser el punto y final de un proceso de años. Arrancó con la elaboración de la Constitución de 2019 y concluyó con la aprobación de la vigésimo quinta versión del Código de las Familias en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) este julio, luego de tres meses de consulta popular y 79.000 reuniones con ciudadanos en barrios y municipios.
El texto, que sustituye a una normativa de 1975, contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten, regula el embarazo «solidario», la responsabilidad de los progenitores con sus hijos y el cuidado de las personas mayores, además de prohibir el matrimonio infantil y abordar la violencia de género.
El Gobierno cubano y todas las estructuras del Estado se han volcado en la campaña por el «sí», incluida la Comisión Electoral Nacional (CEN) y el Tribunal Supremo, con continuos mensajes desde hace semanas en medios oficiales y redes sociales.
Argumentan que el código atiende a la realidad actual de las familias cubanas, amplía derechos y protege mejor a menores, mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables.
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Mariela Castro, destacó en declaraciones a Efe que el código responde a una «ampliación de derechos» en el ámbito del derecho familiar.
«El Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales», aseguró.
