La vicepresidenta argentina Cristina Fernández repudió el histórico fallo judicial que la condenó el martes a seis años de prisión y anunció que no competirá en las elecciones generales de 2023, echando por tierra la hipótesis de que buscaría tener fueros para blindarse de la justicia.
La vicepresidenta dijo que la condena obedece a una “mafia judicial” en reacción a la decisión de un tribunal de tres jueces que consideró que cometió un fraude al Estado durante sus dos mandatos como presidenta entre 2007 y 2015. La sentencia también incluyó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Pero la exmandataria, de 69 años, dijo que no tiene pensado pelear por un cargo luego de dejar la vicepresidencia a fines de 2023.
“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa… No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa”, dijo Fernández con un fuerte tono a través de su canal de YouTube.
El fallo condenatorio puede ser apelado y quedará firme cuando así lo resuelva la Corte Suprema de Justicia, un proceso que podría demorarse años. Políticos y analistas afirmaron que, hasta entonces, la vicepresidenta podría postularse para cualquier cargo de elección popular -desde una banca en el Congreso hasta la presidencia, según lo establece la ley- y así obtener fueros que impiden su arresto.
La exmandataria también afirmó que los jueces que ordenaron su inhabilitación perpetua para ejercer cargos electivos buscan sacarla de la escena política.
Esta es la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado estando en funciones. El fallo tuvo un fuerte impacto, ya que Fernández es la figura política más relevante de los últimos 20 años. Fue legisladora y presidenta durante dos mandatos consecutivos y ahora vicepresidenta, además de ser la líder de un sector centroizquierdista del peronismo con gran capacidad de movilización en las calles.
Fernández fue hallada culpable de causar una defraudación al Estado por cerca de 1.000 millones de dólares mediante la adjudicación de forma irregular de 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado, durante sus dos mandatos.
El presidente Alberto Fernández sostuvo en Twitter que la vicepresidenta es “inocente” y que su condena es “el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso”.
Últimamente la atención giraba en torno de si la dirigente peronista competiría de nuevo por la primera magistratura, algo que alienta su círculo cercano.
“Cristina siempre sorprende, la va a seguir peleando, se coloca en el lugar de la lucha y dice que no se va a escudar (en los fueros). Se plantea el ‘vengan a buscarme’….. Si le dan prisión domiciliaria, su domicilio se va a convertir en la meca del peronismo perseguido”, dijo a The Associated Press Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública.
El analista señaló que habrá que ver si el sector del peronismo que Fernández representa la presiona para que revea su decisión.
La vicepresidenta también se refirió al intento de atentado que sufrió el 1 de septiembre y sostuvo que “presa o muerta me quieren”. Por ese hecho están detenidos y procesados tres jóvenes que se han expresado en redes sociales como antikirchneristas.
Fernández sigue contando con un sector de simpatizantes altamente movilizado. Cientos de ellos se congregaron en torno de la sede de los tribunales federales para dar su apoyo a la exmandataria cuando el veredicto fue leído. El edificio se encontraba rodeado de vallas y fuertemente custodiado por policías.
El tribunal también dictó penas de prisión para otros acusados, como Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López -quienes ya cumplen condenas de cárcel por corrupción-. Tres de los 13 acusados fueron absueltos o sobreseídos por falta de pruebas.
Patricio Giusto, director de la consultora Diagnóstico Político, dijo a AP que Fernández ahondará su “estrategia de victimización y de equipararse” con Luiz Inácio Lula Da Silva, el dirigente izquierdista que acaba de ser elegido presidente de Brasil luego de que la justicia anuló su condena a prisión por corrupción.
Durante el proceso judicial, la vicepresidenta se consideró víctima del “Lawfare” y caracterizó al Poder Judicial como un peón de los medios de comunicación opositores y del conservador Mauricio Macri, que la sucedió como presidente (2015-2019) y hoy es uno de los referentes de la oposición.
Este es el primer juicio a Fernández y la primera condena que recibe. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas.
Durante el juicio los fiscales sostuvieron que la empresa de Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante la asignación irregular de obras públicas y que cuando concluyó el mandato de Fernández desapareció. También afirmaron que varios proyectos viales registraron sobrecostos y muchos nunca se terminaron.
Señalaron que este esquema corrupción también estuvo vigente durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), marido y antecesor de la vicepresidenta y quien falleció tres años después de dejar el poder.
La defensa de la vicepresidenta sostuvo que nunca hubo partidas presupuestarias que tuvieran como propósito beneficiar a un contratista en particular y negó que la exmandataria direccionara recursos económicos en favor de Báez.
AP
