El Congreso español aprobó este jueves la conocida como ley trans, que reconoce la autoderminación de género (cambio registral de sexo y nombre sin necesidad de testigos o pruebas) y desarrolla una serie de medidas para garantizar los derechos de las personas LGTBI.
La ley llega así a la recta final de su tramitación parlamentaria, a la espera de su paso por el Senado, después de unas negociaciones complicadas, primero en el seno del Ejecutivo, con discrepancias entre los socialistas y sus socios minoritarios, el grupo de izquierda Unidas Podemos, diferencias que se trasladaron después a la Cámara Baja, donde ambos grupos que forman el gobierno mostraron sus diferencias en varios aspectos del texto.
La ley reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro, y en el caso de los menores de 16 años y mayores de 14 tendrán que asistir con sus padres o tutores. Solo será necesaria la intervención de un juez para el cambio registral cuando tengan menos de 14 años y más de 12.
Los menores de doce no podrán cambiar de sexo en el registro, pero sí su nombre en el documento de identidad (DNI).
La nueva norma prohíbe las terapias de conversión, garantiza a lesbianas, bisexuales y a las personas trans con capacidad de gestar el acceso a técnicas de reproducción asistida y reconoce la filiación de hijos de lesbianas y bisexuales sin necesidad de que estén casadas.
Y, entre otras cosas, contempla una Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans con medidas de acción positiva para este colectivo en diversos ámbitos como el laboral, el educativo o de vivienda.
En el debate parlamentario, la ministra de Igualdad (Podemos), que presentó y defendió el proyecto, afirmó ayer que celebra que el Congreso «cierre armarios» y «abra puertas y ventanas» con una ley que conseguirá asegurar «vidas libres» a las personas trans y LGTBI.
