Cerca de 600.000 venezolanos se quedaron este viernes 7 de noviembre, sin estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en territorio estadounidense a raíz del recrudecimiento de las políticas migratorias adoptadas por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que podrán ser deportados.
A partir de ahora, todos estos ciudadanos quedarán en situación irregular y se quedarán sin la documentación válida para permanecer en el país norteamericano, algo que los expertos han descrito como la «mayor ilegalización instantánea» de migrantes de la historia del país.
La retirada del TPS fue promovida por el propio Trump y recibió a principios de octubre el visto bueno del Tribunal Supremo, que dictaminó que la corte tiene la potestad de suspender esta protección.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Venezuela ya no cumple con las condiciones para mantener el TPS, argumentando mejoras en áreas como la economía y la seguridad, a pesar de que los ciudadanos venezolanos denuncian una crisis humanitaria «persistente» bajo el Gobierno de Venezuela.
La entrada en vigor de esta medida afecta principalmente a los beneficiarios del estatus que se acogieron al mismo en 2021. Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus describió lo sucedido como «devastador» y lamentó que los casos «más dolorosos» son los relacionados con la salud.
Así se pronunció durante una entrevista con la cadena Univision, donde señaló que muchos venezolanos se han «autodeportado», abandonando incluso sus vehículos en los aeropuertos para volver a Venezuela. «Hay niños que pierden becas, deportistas que abandonan entrenamientos, empresarios que cierran negocios…», afirmó.
«Estos migrantes», dijo, «quedan expuestos inmediatamente a procesos de deportación», si bien pueden solicitar asilo o visados humanitarios en algunos casos, tal y como añadió. Muchos de los afectados aseguran que volver «implica una situación de terror», sostuvo.
Europa Press
