Las autoridades de Venezuela han calificado de «ilegal y moralmente inadmisible» el intercambio de sus 252 connacionales deportados por Estados Unidos en El Salvador por el mismo número de «presos políticos» en Caracas propuesto por el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, que este martes ha criticado a su par venezolano, Nicolás Maduro, porque su rechazo al plan «carece de coherencia».
El Ministerio de Exteriores de Venezuela consideró que la propuesta de Bukele, contemplada en una misiva de la cartera diplomática salvadoreña, es «una confesión expresa de graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como de la comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales».
En un comunicado difundido en Telegram, el jefe de la diplomacia venezolana, Yván Gil, ha denunciado que el canje planteado por Bukele es «ilegal y moralmente inadmisible al (…) condicionar la liberación de personas inocentes», en alusión a los migrantes deportados a territorio salvadoreño, mientras que los detenidos en Venezuela lo están por la «comisión de terribles hechos punibles».
«Este planteamiento constituye una aberración legal, sin precedente en el marco de las relaciones bilaterales ni multilaterales, que vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y dignidad humana», ha declarado el ministro al señalar que «ninguno de los» ciudadanos para los que Bukele pide la liberación tiene nacionalidad salvadoreña, mientras que «la mayoría» de ellos son venezolanos.
Además, el titular de la cartera ministerial ha denunciado que sus connacionales recluidos en una cárcel de máxima seguridad en territorio salvadoreño son «víctimas del gravísimo delito de trata humana», reiterando que se han visto «privados de su libertad de forma arbitraria, (…) sin orden judicial ni juicio previo» y «sometidos a condiciones degradantes e inhumanas, sin posibilidad de contacto con familiares ni representación legal».
También ha denunciado que se les haya privado del «derecho a la defensa, el acceso a asistencia jurídica (…), comparecencia ante tribunales competentes», por lo que considera que son «víctimas de desaparición forzada».
Gil ha vuelto a lamentar la «criminalización colectiva y xenofobia institucional» de las autoridades salvadoreñas, que han acusado a los detenidos de pertenecer a organizaciones criminales «sin pruebas», vulnerando la presunción de inocencia.
Por otra parte, el Gobierno venezolano ha solicitado a las autoridades salvadoreñas que entreguen el listado de personas de nacionalidad venezolana que fueron deportadas al país desde Estados Unidos y una prueba de vida de cada una de ellas; que informen de sus delitos, el tribunal al que han sido presentados y respondan si «se les ha garantizado su derecho a la defensa, a la salud y a la comunicación con sus familiares».
«La respuesta a estas preguntas es fundamental y mandatoria para comenzar el proceso de restitución de las libertades de los secuestrados y el inicio de su regreso a Venezuela», ha señalado sobre una petición elaborada por la Fiscalía venezolana.
Por último, ha vuelto a exigir «la liberación inmediata e incondicional de los 252(…) venezolanos detenidos» en El Salvador, a quien ha responsabilizado de «cualquier afectación a su integridad física y psicológica».
EuropaPress
