El Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de desatender sus deberes para justificar un «colonialismo jurídico» en contra de Venezuela, luego de que dicho organismo anunciara el lunes 01Dic, el cierre de su oficina en Caracas debido a la falta de «progreso real».
«Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos», indicó la cancillería.
A su juicio, «es muy obvio» que en el país “no se han cometido crímenes de lesa humanidad y así lo ha demostrado en todas las instancias en un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos”.
«A pesar de ello, Venezuela, en un claro espíritu de cooperación internacional, se comprometió en mecanismos de complementariedad positiva, dirigido a fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia en nuestro país, y reafirmando que es insustituible la jurisdicción primaria venezolana», agregó.
Sobre la instalación de la oficina en Caracas, la cancillería afirmó que, a pesar de haber transcurrido siete meses desde su inauguración, la Fiscalía «nunca designó personal para ocupar dichos espacios».
«Tampoco formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas», dice el texto.
En ese sentido, afirmó que la agenda de la CPI en el país fue «muy clara, desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos».
