California culpa a Florida después de que migrantes quedan abandonados frente a una iglesia en Sacramento
El fiscal general de California acusa al estado de Florida de organizar la llegada de un grupo de migrantes sudamericanos a Sacramento. Se encontraron documentos que supuestamente provenían del gobierno de Florida. Obtén más detalles sobre este incidente y la investigación en curso aquí.
El fiscal general de California ha declarado que el estado de Florida aparentemente organizó la llegada de un grupo de migrantes sudamericanos que fueron dejados frente a una iglesia en Sacramento.
«Aunque esto aún está bajo investigación, podemos confirmar que estas personas tenían documentos que supuestamente provenían del gobierno del estado de Florida», dijo Rob Bonta en un comunicado el sábado por la noche.
Los documentos indican que la división de gestión de emergencias de Florida coordinó los vuelos, informó Bonta al periódico Los Angeles Times. Florida pagó $1.56 millones a la empresa contratista Vertol Systems para volar migrantes desde Texas hasta Martha’s Vineyard, Massachusetts, el año pasado.
Los 16 migrantes que llegaron a Sacramento el viernes son originarios de Colombia y Venezuela. Ingresaron a Estados Unidos a través de Texas. Fueron transportados a Nuevo México y luego volaron en un avión chárter hasta la capital de California, donde fueron abandonados frente a la Diócesis Católica Romana de Sacramento, según funcionarios de California.
Según Eddie Carmona de Pico California, un grupo religioso que ayuda a los migrantes, fueron abordados fuera de un centro para migrantes en El Paso, Texas, por personas que les ofrecieron trabajos y asistencia para viajar. No sabían que serían llevados a Sacramento y llegaron con pocas pertenencias.
Hasta el momento, Vertol Systems Co y la división de gestión de emergencias de Florida no han respondido a los correos electrónicos en busca de comentarios.
Bonta ha afirmado que está evaluando si se han cometido violaciones de la ley civil o penal.
«Mientras continuamos recopilando pruebas, quiero decir esto claramente: el secuestro sancionado por el estado no es una opción de política pública, es inmoral y repugnante», dijo Bonta en un comunicado.
