El gobierno argentino mantiene inmovilizado en el aeropuerto internacional de las afueras de Buenos Aires desde hace una semana un avión de carga de Venezuela en el que viajaba un grupo de venezolanos e iraníes y le retuvo el pasaporte a estos últimos tripulantes, vinculados con empresas consideradas terroristas por Estados Unidos.

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández dijo el lunes a medios de prensa que la situación del Boeing 747 de la compañía venezolana Emtrasur y de sus pasajeros, 12 venezolanos y cinco iraníes, está bajo investigación por parte de la administración nacional y la justicia federal.

El funcionario señaló que el gobierno recibió información de organismos de inteligencia extranjeros que “advertía de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán”, que han sido consideradas «terroristas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.

Además, el gobierno fue informado de que la aeronave fue operada en el pasado por Mahan Air, “compañía relacionada con la fuerza Quds” cuyos “ miembros y empresas fueron marcadas o definidas como terroristas en 2007”, subrayó el funcionario.

“Apreciamos eso una vez que el avión llega, porque ninguno de sus tripulantes tiene alerta roja (de detención de Interpol) o prohibición para entrar al país”, dijo el ministro. El funcionario acotó que las autoridades están investigando en particular la identidad de uno de los pasajeros porque su nombre coincide con el de uno de los miembros de la Guardia Revolucionaria.

Al respecto, el portavoz de Mahan Air, Hossein Zolanvari, dijo la víspera a la agencia estatal de noticias IRNA que su empresa vendió el Boeing a una compañía venezolana hace aproximadamente un año, sin precisar cuál. “Mencionar a Mahan Air en relación con el avión incautado tiene fines políticos”, afirmó, tras lo cual indicó que la tripulación tampoco tiene conexión con esa compañía.

Fernández dijo que Argentina tiene respeto a todos los países, pero en este caso decidió “tomar determinadas acciones” al tener en cuenta, además de la información proveniente del exterior, el hecho de que quienes ingresaron habían declarado una tripulación más reducida que la que realmente viajó. Ese aspecto -precisó- finalmente ha sido aclarado con Emtrasur.

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) han exigido el “total esclarecimiento” de los motivos por los cuales llegó la aeronave “vinculada a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas”.

Argentina fue blanco de dos atentados terroristas: el primero en 1992, que voló la embajada de Israel en Buenos Aires, y el segundo en 1994 que destruyó la sede de la AMIA, los cuales, según la justicia local, fueron ideados por el régimen iraní. Por el ataque a la mutual judía pesan órdenes de captura de Interpol sobre varios exdiplomáticos y exfuncionarios iraníes.

Un abogado argentino presentó un habeas corpus por considerar ilegítima la decisión del Estado de inmovilizar el avión, que fue rechazado por un juez federal.

Fernández también indicó que los venezolanos e iraníes -a los que no identificó- “no fueron privados de ir a un hotel y nunca se les negó la posibilidad de moverse en Argentina con un permiso provisorio…Sí le tomamos huellas a los iraníes”, acotó. También indicó que la tripulación venezolana, puede sentirse libre de “subirse a un avión de línea e irse sin ningún inconveniente” por estar en posesión de sus pasaportes, al contrario que sus compañeros de origen iraní.

El funcionario precisó qué la carga que transportaba el avión eran “autopartes para una empresa de ensamble», sin dar mayores precisiones.

La aeronave estuvo en mayo en Paraguay, según Fernández, y por motivos climáticos el 6 de junio aterrizó en la ciudad argentina de Córdoba antes de arribar al aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires. Las autoridades migratorias decidieron retener los pasaportes a toda la tripulación, -medida que finalmente se mantuvo con los iraníes- al sospechar que la intención real de su ingreso difirió de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio.

Federico Villena, juez federal de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, determinó la víspera que Migraciones “actuó en el marco de sus facultades”.

La presencia del avión se dio a conocer durante el fin de semana a partir de un pedido de informes al Poder Ejecutivo presentado por un diputado opositor.

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